Resumen:

Ante el objetivo del XXIII seminario "Radicalización del neoliberalismo y la pandemia: contradicciones, resistencias y desafíos para el Trabajo Social, en la garantía de los derechos", se considera pertinente contribuir con reflexiones sobre el proceso de producción de conocimiento en nuestra área .El propósito de este artículo es contribuir a la memoria de la participación política de las mujeres en el Trabajo Social, y cómo experimentaron las experiencias de violencia, persecución y resistencia, durante la dictadura cívico-militar, en Brasil, de 1964 a 1985.  Así, es imprescindible expresar los aspectos relacionados con las luchas, persecuciones en el ámbito profesional y político deestas mujeres de servicio social directamente afectadas por el terrorismo de Estado y es explícito el daño inmediato a la construcción de la hebra que José Paulo Netto designó como "intención de ruptura". Se entiende que, este período dictatorial "frenó el desarrollo teórico-metodológico de la profesión en una perspectiva crítica, sólo expresada y reanudada en Brasil a partir de 1979, fruto de las luchas por la redemocratización en el país y también de la resistencia de estas mujeres en diferentes espacios políticos de la militancia.Así, la aproximación con este proceso histórico contribuye al debate sobre el desarrollo de la profesión en las décadas siguientes, cuando se analiza la participación directa de muchas de esta generación de mujeres en forma de resistencia a la dictadura cívico-militar, contribuyendo, posteriormente, al avance del aspecto más crítico del movimiento renovador de la profesión y, asimismo,  para la organización política de la categoría, cuyo hito fue el III Congreso Brasileño de Trabajadores Sociales.- Congreso del Turno en 1979. Es decir, también intentamos establecer enfoques de procesos que puedan revelar aportes en la comprensión de cómo dicha acción también pudo haber contribuido a la construcción de un proyecto ético-político de la profesión, con un carácter más crítico y comprometido con la clase trabajadora.Lo que aquí se presenta son aportes de la construcción y desarrollo de investigaciones doctorales específicas con el Programa de Posgrado en Trabajo Social de la Universidad Estadual de Río de Janeiro (Titulado, "Pequeña memoria para un tiempo sin memoria": violencia y resistencia entre mujeres de servicio social en la Dictadura Cívico-Militar de 1964-1985), cuyo objeto se dirigió a la violencia y resistencia experimentada por las mujeres del Trabajo Social en el contexto dictatorial de 1964-1985 en el país –  (ALVES, 2018).La hipótesis del trabajo es la afirmación de que las relaciones patriarcales de género pueden asociarse a la explicación de la producción y reproducción de las relaciones sociales, raciales y capitalistas en el país, así como que la dictadura cívico-militar ha detenido el desarrollo teórico-metodológico de la profesión en su aspecto crítico, sólo expresado y reanudado en Brasil desde 1979.Así, las relaciones sociales asociadas a este objeto de estudio expresan, por tanto, importantes y pertinentes escisiones, en las que las relaciones patriarcales de género y raciales se suman a las de las clases sociales, estrictamente, fundamentos del orden capitalista. En otras palabras, aprehender la dictadura cívico-militar en Brasil requiere inscribir este proceso particular (y las singularidades del posicionamiento y alineamiento de las mujeres de profesión dentro de la resistencia política a la violencia múltiple del Estado dictatorial), en una totalidad cargada de contradicciones, que es la formación social brasileña en los marcos del ordenamiento monopático en el país,  también marcado por el racismo y el machismo, tomado para el estudio circunscrito de los años 1964-1985. Partiendo de la realidad social de este período histórico, se trataba de captar las múltiples determinaciones de las relaciones de la sociedad capitalista en un contexto de dictadura cívico-militar, articulando e identificando sus mediaciones con las relaciones patriarcales de género, con el fin de abordar la violencia y resistencia que experimentan las mujeres en el Trabajo Social. Las categorías esenciales para el método utilizado fueron las de totalidad, contradicción y mediación, así como, al abordar este objeto para ser capturado por el pensamiento, para aprehender su estructura y dinámica, requirió relacionar las categorías de particularidad y singularidad con la universalidad del modo de producción capitalista, es decir, específicamente, en los hitos del orden monopoliza y en la formación social brasileña.Para llevar a cabo este estudio cualitativo y exploratorio, además de la revisión teórico-bibliográfica y la investigación documental, se utilizó el trabajo de campo que involucró entrevistas a 10 (diez) mujeres de Trabajo Social que se insertaron, en las luchas y resistencias de ese período. Con respecto a los procedimientos metodológicos,  se observa que las preguntas planteadas por la investigación llevaron a la elección de realizar la "triangulación de los datos", a través de la investigación teórico-bibliográfica, documental y entrevista. Además, también contó con diversas fuentes documentales, ya sean las publicadas por diferentes organizaciones que han ido estableciendo ajustes históricos con este pasado de la historia nacional, o en los registros del Sistema Nacional de Información, disponibles en el Archivo Nacional, en el Centro de Referencia de Luchas Políticas en Brasil (1964-1985), conocido e identificado como "Memorias Reveladas".Para concluir,  investigar  estos recuerdos de la violencia y resistencia de las mujeres en el Trabajo Social rescatadas y discutidas recupera la historia de ayer, expone los desafíos de hoy y advierte sobre aquellos del presente y del futuro que llaman a la organización colectiva y la resistencia. 

Propuesta del Panel:

O objetivo deste painel temático é reunir as temáticas que problematizam o reconhecimento da diversidade sexual e de gênero e, particularmente, a garantia de direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transgêneros, Transexuais, Intersexos e mais (LGBTI+), no contexto atual do neoliberalismo e da crise do capital, principalmente, em decorrência da pandemia da COVID-19. Estas questões emergem de pesquisas de assistentes sociais docentes e pesquisadores/as no Brasil, do nordeste ao sul do país, que tratam das lutas sociais da população LGBTI+ em diversos espaços institucionais e que envolvem uma arena complexa de negociações e disputas. Portanto, torna-se um desafio ético-político e teórico-metodológico que, no âmbito da produção e transmissão do conhecimento na área do Serviço Social, afirma a necessidade de superação da ordem capitalista nos cenários brasileiro e latino-americano. Para tanto, analisa-se as ofensivas antigênero em curso, produzidas por setores conservadores e grupos antidemocráticos em seus diversos ataques em distintas regiões do globo, tomando como foco as lutas por reconhecimento e por garantia de direitos de LGBTI+, que na particularidade brasileira vai se ampliando na mesma medida em que o enfrentamento à LGBTIfobia vai sendo incorporado à agenda pública. A combinação entre moralismo e política reacionária conformam o presente avanço do conservadorismo em aliança com o receituário (ultra)neoliberal. Particularmente, quando se trata das dissidências sexuais e de gênero nos espaços da saúde, do trabalho sexual e nas prisões e a lógica capitalista do encarceramento. Sobre este último, registra-se que a população prisional no Brasil é a terceira maior do mundo, crescimento que tem se revelado contínuo. Dados sobre o sistema penitenciário brasileiro espelham a existência de uma política de encarceramento em massa, reflexo de um sistema de justiça criminal punitivo, discricionário e estruturado na criminalização das relações sociais de grupos subalternizados da sociedade. Tal política é uma estratégia da necropolítica neoliberal promovida pelo Estado que se constitui, no contemporâneo, na submissão da vida ao poder da morte, seja física ou social, de grupos específicos através das estruturas de assujeitamento dos indivíduos a determinadas condições de vida. Assim, é essa política de morte, enquanto política de Estado, induzida em direção a determinados grupos populacionais considerados descartáveis e supérfluos em seus corpos e vidas que tem sido imposto pela ordem social do capital, como negros, quilombolas, indígenas, ciganos, favelados e, no nosso caso, LGBTI+, com a destruição material destes corpos e populações humanas. No caso da população prisional, a submissão cotidiana às violações de direitos e violências diversas, incluindo mortes, presentes nas dinâmicas punitivas e engendradas pelas práticas e normatizações institucionais, afetam amplamente corpos e subjetividades. A prisão que intersecciona diversos marcadores de opressão como raça, gênero, classe e sexualidade, vai sequestrar também corpos marginalizados e desumanizados socialmente como o LGBTI+. Sabendo-se dos inúmeros problemas estruturais da prisão, como superlotação e insalubridade, além da precariedade das políticas penitenciárias, analisa-se o agravamento das condições de aprisionamento e o aumento da violação dos direitos de LGBTI+ em privação de liberdade, durante a pandemia da COVID-19 em dois estados brasileiros, sendo um no Rio Grande do Sul, com estes sujeitos, e o outro, na Bahia, voltado especificamente para as lésbicas. Ressalta que estes espaços prisionais e as ditas políticas penitenciárias ainda se estruturam a partir de um modelo hetero-cis-terrorista, de cunho  biologicista e identitário, revelando que as prisões respondem mal as demandas por direitos dessa população, frequentemente impondo situações de tortura e maus tratos, acentuadas no contexto da pandemia, quando as demandas de saúde mental decorrentes de sentimentos de abandono e solidão tiveram quase como única resposta a medicalização psiquiátrica diante de um cenário de precarização radicalizada. Portanto, é esta mesma estrutura social e histórica que se impõe para LGBTI+ privados de liberdade, no cenário pandêmico, que se coloca para mulheres transexuais, transgêneros e travestis trabalhadoras de sexo e com outros contornos e demandas para o conjunto dos sujeitos LGBTI, na cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Neste contexto, conceitua-se o termo transvestigêneres, oriundo do movimento social, que rompe com as definições biomédicas para o controle dos corpos, como se analisa a precariedade da vida e os enquadramentos destes sujeitos e seus corpos, lidos como ininteligíveis e marginalizados, mas também as formas de organização da prostituição que exercem como trabalho. No contexto de calamidade na saúde pública, em decorrência da pandemia do coronavírus, houve uma radical mudança na cotidianidade de diversos sujeitos, em particular, da população LGBTI+, que acentuou as precariedades e vulnerabilidades já existentes, reforçando, isto, nos serviços de saúde, na medida em que a LGBTIfobia e seus impactos, riscos e agravos à saúde destes sujeitos que sofrem desse grave e ameaçante ódio estrutural e institucional presente nas esferas governamentais, vem repercutindo em várias formas de sofrimento e adoecimento mentais. Assim, elucidando as análises críticas através de cinco pesquisas no Brasil, o painel apresenta estas produções e problematiza as questões teóricas e políticas da diversidade sexual e de gênero, bem como as lutas por reconhecimento e ampliação de direitos humanos de cidadania dos sujeitos LGBTI+ que atravessam esse momento presente, impostas pela pandemia da COVID, como o distanciamento social, a quarentena, as ineficácias das políticas e governos, as perdas em diversas dimensões da vida social e muito mais, trazendo implicações concretas, objetivas e subjetivas para os sujeitos das pesquisas. Esses sujeitos sempre foram historicamente expostos às violações de direitos, violências e mortes. Contudo, neste momento de crises sanitária, econômica, política e social, essas incisões nas vidas e corpos de LGBTI+ tenderam a ser mais tensionadas. Desta forma, a LGBTIfobia, por ser social e estruturalmente construída, vem se expressando radicalmente nas suas mais diversas formas de preconceito, discriminação, estigmatização, intolerância, segregação, isolamento, abandono e de desproteção social, política e econômica, somado, neste contexto, com as ofensivas antigênero engendradas por setores conservadores na esfera pública e governamental, embarreirando políticas e direitos LGBTI+, fragilizando as recentes conquistas de cidadania destes sujeitos em vários setores e modos da vida social destacados pelo painel, e que vem se agravando na falta de leis que possam garantir segurança, direitos de cidadania e políticas públicas para esta população.

Resumen:

O Serviço Social brasileiro abarca um importante componente que não pode ser desprezado nas investigações acerca do seu processo de renovação que recusa o conservadorismo: trata-se da particularidade da ação política de estudantes do curso. O projeto ético-político (o chamado PEP) do Serviço Social, síntese de um movimento da profissão no Brasil, sustenta hoje o direcionamento sócio-político desta categoria profissional, e traz em seu âmago, a potência da ação organizada de estudantes que se lançaram como sujeitos na história do Serviço Social. Esta articulação profícua pode ser identificada através de muitas dimensões, a destacar, na esfera da construção de uma agenda conjunta com as demais entidades da categoria profissional (nomeadamente, o conjunto CFESS/CRESS - que congrega o Conselho Federal de Serviço Social e os Conselhos Regionais de Serviço Social -  e a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social - a ABEPSS, entidade a qual estudantes de graduação e pós-graduação têm construído, inclusive com cargos representativos junto às gestões, desde os anos de 1981).A presença do Movimento Estudantil de Serviço Social nesta trajetória histórica de gênese e consolidação do PEP representa uma conquista político-profissional profundamente significativa, sobretudo, no campo de uma construção democrática e plural no dimensionamento das principais lutas e na análise das conjunturas nas quais se colocam desafios de grande monta à profissão.Os ataques ao pensamento crítico, à liberdade de cátedra, direcionados de forma peculiar ao campo das ciências humanas e sociais, ao financiamento público de pesquisas, à universidade pública e presencial, ao serviço público, têm ganhado contornos profundamente regressivos no Brasil. Os representantes políticos dos interesses do grande capital têm demonstrado abertamente seus compromissos com a efetivação de um Estado mínimo para o trabalho e máximo para o capital, cenário que se acentua em suas contradições desde o contexto pós-golpe de 2016, em que o “desgovernante” Michel Temer ascende como chefe de Estado, derrubando a ex-presidente Dilma Rousseff, denotando o esgotamento do pacto social vigente e explicitando os limites das tentativas de conciliação de classes projetada pelo campo democrático-popular.Inúmeras contrarreformas operadas na área dos direitos sociais evidenciam um cenário de barbárie, reafirmando o que José Paulo Netto aponta: o esgotamento de qualquer possibilidade civilizatória nos marcos da ordem capitalista.As condições de vida e trabalho da grande massa da população mundial são degradantes, e é neste campo de tensões e cenário de “terra arrasada” que profissionais do Serviço Social têm se inserido nos espaços socio-ocupacionais; logo, também atravessado por tais desmontes, com inserção precária na divisão social, técnica, racial e sexual do trabalho.Diante a agudização das expressões da “questão social”, os desafios acentuam-se para a construção de estratégias profissionais sustentadas nos princípios do projeto ético-político profissional, já que os tempos hodiernos têm explicitado a incompatibilidade de uma democracia plena com o ordenamento social de produção vigente. E a centralidade da liberdade como um valor ético no PEP delinea, nitidamente, uma concepção que colide frontalmente com os valores que sustentam a sociedade do capital.Como uma das estratégias de enfrentamento, sublinhamos aqui as construções políticas oriundas das articulações entre estudantes de Serviço Social como fundantes. É importante frisar que falamos do processo político-pedagógico que envolve o futuro da profissão. O senso crítico, o compromisso com a investigação científica, com as lutas sociais mais gerais e particulares da classe trabalhadora são bases formativas que possibilitam um amadurecimento político da nova geração de profissionais, esta que se defrontará com condições demasiadamente adversas no campo do exercício profissional.Nesta dimensão, vale ressaltar a importância da articulação indissociável do tripé universitário ensino/pesquisa/extensão. Sublinhamos a pesquisa em razão das ofensivas atuais do projeto de educação do capital, o qual tem operado numa proposta mercadológica, de precarização e tecnificação, suprimindo o campo das investigações e pesquisas. Este cenário representa ameaças concretas à hegemonia do projeto ético-político profissional. Os estudos e pesquisas que se debruçam com foco no próprio processo histórico do Movimento Estudantil de Serviço Social, de suas entidades de base (os Centros e Diretórios Acadêmicos) e a entidade máxima de representação de estudantes de Serviço Social no Brasil (a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social/ENESSO) conformam um importante campo a receber mais atenção.São diversas as delimitações históricas, políticas, profissionais, territoriais que se apresentam como um campo aberto nesta área de estudos. Dentre os princípios que sustentam o Código de ética da/o Assistentes Social (de 1993) no Brasil, destacamos os que versam sobre o nosso compromisso com o constante aprimoramento intelectual e a necessária articulação com os movimentos sociais populares, ou seja, movimentos que representam lutas travadas pela classe trabalhadora por melhores condições de vida e trabalho e ainda, que se articulam em torno de lutas mais específicas consoantes ao estabelecido no PEP.O desenvolvimento de pesquisas envolvendo, sobretudo, estudantes de graduação, sujeitos potenciais protagonistas do Movimento Estudantil de Serviço Social, tendem a possibilitar maiores subsídios para o fortalecimento dessa construção política tão particular na história do Serviço Social à nível mundial.No sentido da defesa de uma universidade popular - a qual abarca uma profunda crítica anticapitalista ao modelo de educação e universidade vigente e a disputa e tensionamento pela democratização do acesso e permanência à tais espaços - se funde com a defesa de um projeto societário que supõe a destruição das relações sociais estruturantes da sociedade moderna, projetando uma transição socialista que nos permita viver em uma sociedade na qual o livre desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento geral da sociedade, conforme Karl Marx.

Resumen:

O presente artigo visa contribuir para problematizar a incidência do racismo institucional na educação superior no Brasil, agravados ainda mais no contexto da pandemia da Covid-19. Partimos da concepção de que o racismo é estrutural e estruturante das relações sociais pois é “[...] uma forma sistemática de discriminação que culminam em desvantagens ou privilégios, a depender do grupo racial” de pertencimento (ALMEIDA, 2019, p. 32)”. A universidade, como espaço privilegiado de produção de conhecimento, não está imune a esta lógica. Sob o alicerce da colonialidade os espaços e ritos acadêmicos reproduzem relações de opressão que incidem diretamente na vida pessoal, acadêmica e profissional de estudantes e profissionais (técnicos, docentes e profissionais que exercem serviços terceirizados), especialmente negros e indígenas, que fogem ao padrão considerado legítimo de ocupação desse espaço. Isto por que a universidade brasileira, fundada em modelos eurocentrados, almeja um perfil heteronormativo (cisgênero, branco), de classe (burguesa) e pertencimento (status social) que ocupem a universidade a partir da lógica da meritocracia. Fundamental nesse processo refletirmos que o perfil das/os estudantes da classe trabalhadora que chegam à universidade é constituído por trajetórias de vida, demarcado por alguns indicadores sociais e raciais, que possibilitam elucidar o quanto a produção de desigualdades não está relacionada à falta de esforço individual. No Brasil, 74% pessoas brancas ganham 74% a mais do que pessoas negras (pretos e pardos); nesse país de abrangência continental territórios onde não há sequer um serviço de saneamento, atinge 28% de pessoas brancas e 44% de pessoas negras. Quanto ao analfabetismo temos um índice de 4% para pessoas brancas e 10% para pessoas negras (IBGE, 2019). Sobre a violência 75% das vítimas de homicídios são pessoas negras (CERQUEIRA, 2021). Os crescentes índices de homicídios e feminicídios não são acidentais, mas sim, parte de um projeto genocida, que visa a invisibilidade e a eliminação “do/a outro/a”, do não sujeito, considerado descartável diante dos preceitos de um projeto dominante, que por ser estrutural também incide no ensino superior. Não por acaso o constante debate e ações de incidência, propagadas pelos governos e instâncias de estado e capilarizadas por instituições de ensino superior vinculadas a uma política intervencionista, as quais vem incidindo pelo desmonte das políticas de ações afirmativas e dos programas de permanência estudantil. No contexto da pandemia da Covid-19 o perfil da universidade pública do final de 2019 foi duramente modificado por um conjunto de medidas e restrições orçamentárias. Em 2020, o Ministério da Economia anunciou um corte de R$ 4,2 bilhões para o orçamento do Ministério da Educação em 2021 (HARTMANN, 2021). Esse montante corresponde a 18,2% em relação ao orçamento deste ano. De acordo com esse levantamento as universidades tiveram a redução de R$ 1 bilhão no orçamento, o que inviabiliza o cumprimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. De outra parte quem vem assumindo o custo para o financiamento da educação superior são as/os trabalhadoras/es das instituições de ensino, que durante o período de distanciamento social, necessário frente ao risco de contágio decorrente da Covid-19, tiveram que arcar individualmente, com financiamento próprio, para manutenção de equipamentos, ampliação do sistema de internet, energia elétrica e mobiliário. O espaço público da universidade: laboratórios, salas de aula, biblioteca, espaços de estudos, extensão e pesquisa, ocuparam a vida privada das/os trabalhadoras/as do ensino superior. A sobrecarga de trabalho foi acentuada frente à dificuldade de estabelecer uma linha divisória entre o tempo de trabalho e o tempo da vida, ainda mais demandado, especialmente às mulheres, que historicamente assumem o exercício do cuidado. As mulheres se viram mais sobrecarregadas com o fechamento das escolas infantis e fundamentais e do imperativo do cuidado de familiares doentes por conta do Covid-19, cuja a determinação para casos menos graves era de isolamento no âmbito da casa. Se considerarmos o perfil do estudante brasileiro do ensino  público superior, onde uma  pesquisa realizada pela Andifes/Fonaprace (2018, p. 50) refere quanto ao perfil das/os estudantes vinculadas/os ao ensino superior, em instituições públicas federais, com idade até 17 anos: 58,9% de mulheres e 40,8% de homens e 0,4% outros; com idade de 18 a 24 anos: 56,5% mulheres, 43,2% homens e 0,3% outros; e, com idade de 25 anos e mais: 50,6% mulheres; 49,1% homens e 0,3% outros, os dados indicam que as mulheres compõem o maior grupo populacional em todas as faixas etárias entre os estudantes. Assim, podemos inferir a sobrecarga e a dificuldade em arcar com as atividades acadêmicas para estas alunas.  Outro dado sobre o perfil diz respeito a renda média das/os estudantes, já que os dados revelam que 53,5% possui renda familiar per capita de até um (1) salário mínimo, sendo que 26,6% viviam com renda per capita de meio salário mínimo e, 26,9% com renda per capta de meio até (1) salário mínimo (ANDIFES/FONAPRACE, 2019, p. 28). Estes dados lidos em conjunto, indicam que a pandemia que obrigou as universidades a adotarem um ensino remoto emergencial, em um momento de estrangulamento do orçamento das instituições de ensino, que estavam em maioria sem recursos para investimento em políticas afirmativas que visam reduzir as desigualdades de acesso à tecnologia para as aulas remotas, bem como, manter e ampliar investimentos em bolsas e auxílios aos estudantes. Somou-se a essa realidade à pauperização e desemprego recorde no Brasil e a grave crise social e sanitária que solidificou um cenário de exclusão de estudantes oriundos da classe trabalhadora das universidades, em um flagrante retrocesso na inclusão e constante ampliação do acesso que vinha ocorrendo no Brasil até 2018. Referências:ALMEIDA, Silvio. Ou o que é Racismo Estrutural? Belo Horizonte: Editora Letramento, 2019.ANDIFES/FONAPRACE.V Pesquisa Nacional do Perfil Socioeconômico e Cultural de Dois Egressos do IFES–2018. Uberlândia/MG: 2019. CERQUEIRA, Daniel et al. (coordenação). Atlas da violência. Brasília, DF: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2020. HARTMANN, Marcel. Tribunal de quase 20% não afeta o funcionamento das universidades federais não RS. Porto Alegre: Revista ZH. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil. Estudos e Pesquisas • Informações Demográficas e Socioeconômicas • n.41, 2019.