Resumen:

La persistencia del conflicto armado en Colombia y su reconfiguración en las regiones exige retomar nuevos análisis del impacto en sus víctimas, en especial en las mujeres rurales. Dicho análisis debe contar con un doble sentido con el fin de reconocer a las mujeres como víctimas, y a la vez, como sujetos con poder, resistencia y actuación no violenta ante sus victimarios. La comprensión de la vida de las mujeres bajo estas dos lógicas, en contextos específicos de reconfiguración del conflicto armado, y con sustento en los derechos humanos, las necesidades humanas fundamentales, las identidades y apuestas organizativas, las redes de apoyo comunitarias e institucionales y las políticas públicas, tiene una alta relevancia tanto para comprender su situación de riesgo actual, como para definir medidas de atención, protección y potenciación de sus experiencias de paz.  Frente al reto anterior, en el marco del proyecto “Construcción de un modelo socio-institucional de prevención, protección, reparación y potenciación de las experiencias de mujeres para reducir los impactos diferenciales del conflicto armado en las mujeres residentes en el municipio de Policarpa, departamento de Nariño” ha sido necesario adelantar un estudio preliminar de orden teórico y metodológico para fundamentar y modelar un proceso participativo de comprensión de los impactos del conflicto armado en las mujeres de Policarpa, Departamento de Nariño.  El modelo de análisis implica una caracterización y precisión de,  las vulnerabilidades que afrontan las mujeres (asociadas a su condición de ser mujer, su nivel educativo, situación socio-económica, distancia geográfica, edad, pertenencia a diversidades culturales, reconocimiento y desconocimiento de los derechos humanos, del DIH, de funciones de entidades del estado, convivencia con situación patriarcales que acentúan la exposición a riesgos, y su relación con dinámicas sociales, culturales y organizativas) los daños que ocurren en un contexto conflictivo (daños morales, físicos, psicológicos, morales, identitarios, culturales, organizativos, simbólicos, y territoriales) pero, también sus formas de resistencia (basadas en actuaciones colectivas de orden organizativo, cultural, por movimientos sociales; relacionadas con sus subjetividades y discursos ocultos ante los victimarios; participación en iniciativas de construcción de paz; vinculación en procesos de autonomía y reconocimiento étnico; luchas por los derechos de las mujeres en contextos de patriarcado y violencia por conflicto armado;  reivindicaciones de derechos basados en género,  y participación en el acuerdo de paz) así mismo, estrategias de empoderamiento y resiliencia, que son producto de las (particularidades de violencia simbólica, violencia estructural que no permiten oportunidades de participación social; y la violencia física y sexual  representada en escenarios privados y públicos, por lo tanto, el empoderamiento converge en  procesos de la producción oral en contextos de nuevos territorios, donde se gestan encuentros de aprendizaje, reflexión y son el punto de partida para gestar herramientas de autoeducación y emprendimiento social que se convierten en los primeros escenarios para la transformación social en cada una de las mujeres. Este doble sentido de comprensión de las mujeres viviendo en contextos de conflicto armado puede contribuir en definir mejores estrategias de prevención, protección y empoderamiento anta la violación de derechos humanos y menoscabo de sus procesos de cultivo de la paz.     Por lo tanto, el fin de estructurar el modelo se convierte en la articulación de una “Mujer” con capacidad de modelar sus vidas, su entorno, su territorio de forma consciente, con el reconocimiento personal de roles, estatus y con pleno empoderamiento de los procesos de interacción; garantizando la reminiscencia de los derechos de las mujeres en ámbitos político y sociocultural, contemplando los inconvenientes intelectuales y económicos del medio. Además, lograr jalonar respuestas organizativas de las comunidades, de las instituciones y de instancia de políticas públicas, por tanto, su aplicación se evaluará para hacer continuas mejoras y determinar su impacto en la reducción de vulnerabilidad, riesgos, daños y vulneración de los derechos de las mujeres.   El modelo de análisis prioriza la vereda El Ejido, Policarpa, Departamento de Nariño zona que ha sido morada para diferentes grupos al margen de la ley como disidencias de las FARC, ELN, Grupos Paramilitares que en su proceso de control y disputa territorial acentúan las vulnerabilidades, provocan daños, inhiben y degradan resistencias pacíficas y obstaculizan el afianzamiento de capacidades de las mujeres en un contexto social, cultural y territorial. Resaltando que Policarpa pese al acuerdo de Paz del Estado con la antiguas FARC EP ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) no ha podido consolidarse en un territorio de construcción de paz y más bien a quedar en medio de las lógicas de guerra. Finalmente, es importante destacar el proceso que se apalancan con el acompañamiento de la Fundación Murú Centro para la Investigación, Paz y Memoria,  quien desarrolla acciones  en torno a la generación de capital social y patrimonial mediante la promoción y defensa de DDHH, el fortalecimiento a los procesos de memoria histórica, reconciliación, convivencia, construcción de paz, comunitarios, institucionales, productivos, deportivos, ambientales, cívicos, de infraestructura y entornos protectores y realiza su proceso de articulación población con las mujeres víctimas del conflicto armado en municipio de Policarpa; Además, permea  en el aporte a la política pública del Departamento de Nariño frente al trabajo desarrollado por Secretaria de Género en el componente de igualdad e inclusión social, y con el liderazgo de investigadores a nivel de la Universidad Mariana.  

Resumen:

MASCULINIDAD HEGEMÓNICA Y VIOLENCIA DE GÉNEROCASO ACADEMIA NACIONAL DE POLICIASDurante la gestión 2019, se realizó una investigación para cumplir un requisito académico, la tesis de maestría. La investigación fue realizada en la carrera de Investigación Criminal de la Academia Nacional de Policías.Para explicar cómo se forman y cimientan los constructos mentales que han contribuido a la construcción de formas de pensar sexistas y estereotipadas conducentes a la violencia de género ha sido importante partir desde la evolución histórica de los movimientos feministas, pasar por el surgimiento de la categoría género y los conceptos que la componen para llegar a explicar lo que para la propuesta es relevante: el proceso de construcción de la masculinidad.El diagnóstico realizado ha permitido evidenciar que quienes participaron del estudio, damas y caballeros cadetes de séptimo semestre de la carrera de Investigación Criminal, tienen conocimiento teórico sobre el objeto de estudio, por ejemplo, pueden diferenciar los conceptos sexo y género, pero no explicar la relación entre ambos, lo mismo sucede con el concepto de género y masculinidad, es decir pueden conceptualizar, pero no identificar sus manifestaciones y su interrelación. En ese marco y ante el reconocimiento de que la realidad boliviana ha sufrido grandes transformaciones desde el 2009, año en el que se promulga una nueva Constitución Política en Bolivia, traducido en cambios sustanciales como los criterios de igualdad de género, reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos, acceso de las mujeres a la tierra, igual remuneración por igual trabajo entre hombres y mujeres, el derecho de las mujeres a vivir libre de violencia son prioridad para el Estado Plurinacional mismo que está explicitado en el art. 15 de la Constitución Política del Estado Boliviano y que establece la obligatoriedad de garantizar el ejercicio pleno de los Derechos Fundamentales.El acápite II del mencionado artículo establece que ninguna persona y en particular las mujeres deben sufrir violencia, en concordancia con ello se ha instituido una base jurídica conformada por varias leyes entre ellas la Ley Nº 348 Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, así como también por Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia. La adopción de estas leyes corresponde a compromisos internacionales sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la convención para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará). Ley 348 cuenta desde el 2014 con el DS 2145 que reglamenta – entre otros- las competencias de la Fuerza Especial de lucha contra la Violencia (FELCV)  Dado que uno de los brazos operativos más importantes de la Ley 348 son funcionarios policiales se considera importante la capacitación de estos sobre todo en aspectos que subyacen al comportamiento violento del agresor y agresora, a los constructos mentales que determinan comportamientos estereotipados y a la posibilidad de construir prácticas sexistas. Se ha partido de la premisa a priori de que la mejor manera de prevenir la violencia de género es organizando procesos formales de capacitación de recursos humanos policiales, pero para que los contenidos temáticos a trabajar constituyan aprendizajes significativos es necesario generar procesos de deconstrucción es decir que las técnicas a utilizar deben servir para pensar y repensar en la práctica cotidiana de las y los participantes del curso. El trabajo desarrollado ha permitido arribar a las siguientes conclusiones:La revisión bibliográfica realizada permitió sistematizar los principales elementos teóricos en los cuales se fundamenta la tesis. Para el marco histórico las corrientes del feminismo, para el marco contextual el feminismo, género y patriarcado, el sistema sexo-género, identidad de género, patriarcado, violencia y violencia de género. Para el marco prospectivo la construcción de la masculinidad, tipos de masculinidad y la construcción individual y social de la masculinidad patriarcal.Con referencia a la percepción respecto a la violencia de género que tienen damas y caballeros cadetes de la carrera de Investigación Criminal de la Academia Nacional de Policías se puede concluir la existencia de indicios de nuevos conocimientos, pero también de la existencia de estereotipos de género enraizados en la mentalidad de la población de estudio. Son familias nucleares en su mayoría compuesta por no más de cinco miembros en las que la socialización la realizan los padres a los hijos y las madres a las hijas. Los entrevistados/as señalan que los hombres aprenden los roles a desempeñar por imitación se infiere que se debe a que acompañan a los padres de familia en todas sus actividades. En el caso de las mujeres ellas aprenden por inducción, en virtud de que muchas veces las madres de familia delegan la responsabilidad de las tareas domésticas y el cuidado de los hermanos menores por lo tanto todo lo que conlleva el cumplimiento de estos roles es inducido por las madres como parte del deber ser femenino.Otro aspecto relevante es el referido a la práctica de micro machismos, muchas acciones como por ejemplo el atribuirle toda la responsabilidad de la planificación familiar a la mujer no es considerado violencia, como tampoco considerar la manutención del hogar como responsabilidad exclusivamente masculina.Sin duda llama también la atención el hecho de que las mujeres no consideren violencia al hecho de inculpar a las mujeres víctimas de violación por su manera de vestir, esto responde al ideal de mujer que la sociedad ha construido y que es difundido de manera individual y social a través de los mecanismos de socialización.Con respecto a los mecanismos de sanción social al incumplimiento de roles asignados por la sociedad, estos se aplican en función a la falta y oscilan entre sanciones legales hasta sociales, estas últimas se expresan en burlas y críticas.Finalmente señalar que existe la necesidad de deconstruir el contenido de los procesos de socialización por ello es importante trabajar en educación formal, a ello responde el diseño del Programa de capacitación sobre masculinidad hegemónica y violencia de género dirigido a cualificación de profesional de damas y caballeros cadetes de la carrera de Investigación Criminal de la Academia Nacional de Policías. 

Resumen:

A comunicação é resultado parcial da pesquisa "As legalidades e ilegalidades do direito ao aborto na América Latina e Caribe". Na região,a maioria dos países, até então pesquisados, proíbe o direito ao aborto como exercício da livre escolha das mulheres e pessoas que gestam, permitindo alguns precedentes como risco de morte em gestação e em decorrência de estupro.Na pesquisa nos interessa estudar os dois pólos opostos. Identificar quais foram os sujeitos, e seus discursos, que permitiram a legalização do aborto (em Cuba, Guiana, Porto Rico, Uruguai, Argentina, Colômbia, Chile e no México - Cidade do México/DF, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja Califórnia, Colima, Coahula, Sinaloa) e a total criminalização do aborto (em El Salvador, Haiti, Honduras, Nicarágua, República Dominica e Suriname) na região da América Latina e Caribe.A pesquisa prevê estudos bibliográficos, documentais e atividades de campo, que serão retomadas com a reabertura em decorrência da diminuição dos casos de Covid-19 no mundo.Num preliminar panorama sobre os marcos legislativos dos países que avançaram na legalização do aborto, podemos ressaltar: Na Guiana, desde 1995, o aborto por livre escolha da mulher é permitido, devendo ser realizado até a oitava semana de gestação. A lei de 1995 permitia apenas aos/ás profissionais da medicina a realização do aborto. No entanto, como são poucos/as os/as médicos credenciados/os e a maioria na capital do país (Georgetown), o poder judiciário decidiu, em 2016, que outros/as profissionais (parteiras, enfermeiros, farmacêuticos e profissionais de nível médio, sob supervisão de médicos) podem realizar o aborto medicamentoso. No Uruguai, o aborto por livre escolha da mulher é garantido desde 2012, por meio da Lei n. 18.987, podendo ser realizado até a décima segunda semana de gestação. A interrupção voluntária da gravidez deve ser realizada apenas no serviço público, pois é considerado "um ato médico sem valor comercial".Em Porto Rico, considerado um Estado livre Associado dos EUA, o direito ao aborto é regulado pela lei norte americana, que legalizou o aborto em 1973, numa decisão que ficou conhecida como Roe versus Wade.Em Cuba o aborto era regulado no país desde 1936, pelo Código de Defensa Social, sendo permitido nas seguintes situações: para salvar a vida da mulher ou evitar um grave problema de saúde, em caso de violação e para evitar doença hereditária ou contagiosa grave. Em 1965, o governo revolucionário implementou o serviço de atendimento ao aborto nos hospitais a partir de uma interpretação mais alargada da lei. Em 1979, o Código Penal cubano alterou a norma referente ao aborto, garantindo a sua realização até a décima semana de gestação, por livre escolha de mulheres acima de 18 anos.A Cidade do México, a capital do país do mesmo nome, é a segunda maior cidade do continente americano e desde 2007, a interrupção voluntária da gravidez é garantida até a décima segunda semana de gestação, devendo ser realizada no serviço de saúde. Podem ser atendidas mulheres de qualquer parte do país e do mundo, acima de 18 anos. Em caso de menores faz se necessário a autorização do responsável. E desde 2019 diversos estados mexicanos vem aprovando a legalização do aborto e em 2021 a Suprema Corte de Justiça do país da inconstitucionalidade da criminalização do aborto no país. Na Argentina, após diversas mobilizações, foi aprovado em dezembro de 2020 a legalização do aborto. Tal conquista é fruto da luta histórica dos movimentos feministas.Na Colômbia que já tinha uma lei bastante alargada no acesso ao aborto, o direito de livre escolha pela mulher foi garantido em 2021.E no Chile, no atual Código Penal em elaboração está inscrito o acesso livre do direito ao aborto.Por outro lado, nos países em que proíbem totalmente o aborto, podemos destacar, que:Em El Salvador, que permitia em três possibilidades (se a vida da mulheres tivesse em perigo, se a gravidez fosse resultado de um estupro ou em caso má formação fetal) o procedimento foi totalmente criminalizado pelo Código Penal promulgado em 1998.No Haiti o aborto é criminalizado, inclusive com previsão de prisão perpétua, pelo Código Penal que data de 1835. Em 1997 houve uma alteração no Código Penal de Honduras criminalizando totalmente o aborto. Em 2009 o Congresso proibiu a pílula do dia seguinte. E em 2021 o mesmo Congresso aprovou que há vida desde a concepção.Na Nicarágua, o Código Penal de 1893 garantia o aborto no caso três ou mais médicos avaliassem que a vida da mãe corria risco ou que a gravidez fosse resultado de estupro ou incesto. Contudo, mais de cem anos depois, em 2006, a Assembléia Nacional do país realizou uma emenda na lei, criminalizando o aborto em todas as situações.Na República Dominicana o Código Penal de 2014 previa a possibilidade do aborto nos casos de estupro, incesto e má-formação do embrião incompatível com a vida. Contudo, tal Código enfrentou uma forte oposição. O Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade dos artigos a que se referia despenalização nos casos citados. Em 2016 a Câmara dos Deputados aprovou por 132 votos favoráveis e 06 contrários a total criminalização do aborto.Sobre a questão do aborto no Suriname, todas as pesquisas e publicações na mídiaindicam que é proibido no país. Entretanto, encontramos poucas informações sobre a legislação e as lutas em torno do tema, tanto de defesa da criminalização como pela sua legalização.O assunto está em disputa na região da América Latina e Caribe, tendo um "mar verde" com aprovação recente da legalização do aborto em alguns países e uma "onda conservadora" que impõe a criminalização total do aborto em outros, ou que Envolvo-me, às vezes, não no acesso de mulheres e pessoas que gestam à escolhas quanto ao libre exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. 

Resumen:

 Esta ponencia tiene como objetivo, abrir el debate frente al rol que cumple el trabajo social en las instituciones chilenas que abordan temáticas de género, específicamente el trabajo con mujeres sobrevivientes de violencia en contexto de pareja y exparejas, y a partir de este tema, develar los desafíos que tiene el trabajo social, en términos teóricos, prácticos y políticos. Respecto a la metodología para este trabajo, se ha basado en un abordaje de tipo hermenéutico y crítico, por cuanto, parte en primer término de un análisis e interpretación documental-histórica y, por otro lado, desde la intervención, es decir, la experiencia laboral que permite generar la acción en conjunto con las mujeres. Y a partir de ello, se genera un análisis dialectico, que confrontan a la acción cotidiana del profesional. Cómo síntesis, desde nuestra perspectiva, se busca replantear algunos desafíos para la profesión en el campo de la intervención social.Este trabajo develar los desafíos que tiene la o él trabajador(a) social, a la hora de realizar una intervención co-construida que permiten fortalecer las diferentes autonomías de las mujeres, para poder salir de los espacios de violencia. Uno de los aspectos importantes a considerar, tiene que ver con las estrategias y modelos a utilizar a la hora de realizar la intervención y como esta repercute y genera un impacto en la mujer.Sí bien todas estas temáticas se vienen trabajando desde hace años a nivel nacional e internacional, en el caso internacional, Naciones Unidas (ONU), han reconocido y visibilizado los derechos e igualdad de las mujeres, que, se inicia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, que señala derechos iguales para hombres y mujeres y la protección y el fomento de los derechos humanos de las mujeres como responsabilidad de todos los Estados.Y  por su parte, las diversas Convenciones Internacionales, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés, 1979). En esta Convención, considerada la carta internacional de derechos de las mujeres, se define qué es la discriminación y se establece un programa de acción nacional para ponerle fin. Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951, que reconoce el principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Convenios sobre protección a la maternidad de las mujeres trabajadoras. Por otra parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer de Belem do Pará, afirma que “la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades” reconoce derechos a las mujeres y el deber de los Estados de abordar esta materia con prioridad. Respecto al nivel nacional, Chile ratificó la CEDAW en 1989, pero su implementación comenzó el año 1991, con la creación del Servicio Nacional de la Mujer. Posteriormente el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género Fue creado durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, mediante la Ley 20.820, el 20 de marzo de 2015. Posteriormente con fecha 1 de junio de 2016, entra en funcionamiento, siendo dependiente del poder ejecutivo. La importancia de este ministerio es para terminar con las desigualdades entre hombres y mujeres. Y acortar las brechas de género que se expresan en los salarios y en la representatividad en los espacios de toma de decisión. Y, en último término, para superar las barreras que enfrentan las mujeres en lo laboral, educacional, político y social.  Respecto a estas temáticas, en tiempos de pandemia del virus Covid- 19, se han visibilizado nítidamente la vulnerabilidad de las mujeres, demostrando un retroceso importante en avances vinculados sobre todo con la autonomía económica y la sobrecarga en las labores de cuidado, corresponsabilidad y la violencia contra las mujeres. Por todo este contexto, el Estado ha tenido que resguardar los derechos de los grupos vulnerables y trabajar para erradicar la discriminación contra las mujeres. Es así, como el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género creó el Consejo Mujer Covid -19, que realizó Propuestas para enfrentar la situación desde la acción del Estado. A partir de una descripción y análisis histórico, político y económico-social, que permita formarse una idea de sus causas y consecuencias, este trabajo permite abrir el debate frente al rol que cumple el trabajo social en las instituciones chilenas que abordan temáticas de género. Específicamente nos interesa dar cuenta de la experiencia de teórico-práctica del trabajo con mujeres sobrevivientes de violencia en contexto de pareja y exparejas, y a partir de este tema, develar los desafíos que tiene el trabajo social. Como profesionales trabajadoras y trabajadores sociales, nos parece que es de suma importancia conocer y comprender críticamente este fenómeno, tener suficientes elementos para el análisis de las condiciones históricas, ideológicas, políticas y sociales, para, con ello, contribuir al posicionamiento y desarrollo profesional y cientístas sociales, que no solo describen e intervienen en un fenómeno determinado, sino que contribuimos en términos teórico-prácticos y ético-políticos para su transformación.

Resumen:

La presente ponencia se orienta al análisis de la relación potencial entre el trabajo social y una forma de acción colectiva sui generis: el movimiento social de la niñez y adolescencia trabajadora del Perú, teniendo en cuenta la compleja asunción por parte de la academía de la actoria política y protagonismo social de sectores de infancia, muchas veces visionados desde perspectivas negadoras de capacidades y encuadres eminentemente asistencialistas en la profesión. Nuestro abordaje parte del reconocimiento de los paradigmas del sujeto social y de la profesión al momento de configurar nuestra perspectiva sobre los limites y posibilidades de la praxis especializada del trabajador social. Buscamos entradas renovadoras que permitan aproximar nuestro quehacer tantas veces pensado en teoría y práctica en coordenadas libertarias y revolucionarias en la valoración, dimensionamiento y colaboración de este tipo de movimientos sociales que con su acción de influencia social y política van redefiniendo nuestras comprensiones sobre el individuo políticamente organizado y diverso por naturaleza humana. Siendo el tema de la infancia y adolescencia un tópico marginado tradicionalmente de las agendas prioritarias de las políticas públicas neoliberales y además, de reciente preocupación dentro de las ciencias sociales, el desarrollo de trabajos analíticos en torno a la lucha social de las infancias y adolescencias trabajadoras son pocos, novedosos y no siempre aceptados. Por ejemplo algunos textos desarrollados en Europa y América Latina muestran como en los últimos cuarenta y seis años los movimientos sociales de infancia y en especifico los de niñez trabajadora han perseguido influir en la definición de políticas sociales de infancia (Liebel 2003, Cussiánovich 2003, Martínez y Liebel 2009, Bazán 2021) aprovechando las contiendas y oportunidades políticas y estableciendo una relación variable (entre tensión, oposición, consenso o disenso) con los entes gubernamentales y los organismos multilaterales que en teoria se preocupan de las infancias, pero al mismo tiempo se niegan a reconocerlas y valorarlas como interlocutores validos cuando poseen un discurso crítico y cuestionador. Se sobre entiende que detrás del creciente protagonismo de la infancia y adolescentes trabajadora organizada se encuentra la necesidad de exigencia de sus derechos ante Estados incapaces de gestar sistemas de políticas y programas sociales que puedan satisfacer sus necesidades y posibilitar su acceso a los beneficios del desarrollo, que al menos puedan tener en cuenta un apice de su agenda social. Para el caso específico, la ausencia de abordajes intelectuales en torno a la atención política de la niñez trabajadora que se ha dado desde el Estado peruano es evidente, el trabajo más cercano al respecto sigue siendo el de Portocarrero sobre la historia del trabajo infantil en el Perú (Portocarrero 1998). La propia formulación de los instrumentos de política social aprobados por Estado peruano y que sintetizan los resultados esperados, metas y estrategias a concretar para modificar positivamente la situación de la infancia muestra una seria debilidad respecto al marco analítico en el devenir de las políticas sociales hacia la niñez trabajadora, esto se puede verificar con una rápida revisión del contenido de los planes y estrategias nacionales de prevención  y erradicación del trabajo infantil, documentos donde está ausente el reconocimiento de los hitos fundamentales y orientaciones socio ideológicas de las políticas hacia la infancia trabajadora. En correlación con ello es de esperar que el proceso técnico de formulación de planes y programas dirigidos a la niñez trabajadora carezca de base teórica e histórica, ausencia de estudios diagnóstico y ello deviene en el factor de fracaso de los instrumentos de política estructurados, además de los diagnósticos de la realidad es imprescindible una reconstrucción ordenada de los marcos de política, de los paradigmas subyacentes a los instrumentos y los programas que en el país y en diversos momentos de la historia han tratado de beneficiar a la niñez trabajadora. Entonces la ponencia propuesta tiene una importancia medular en la medida que pretende comunicar un balance por demás necesario de la organización socio política de la niñez trabajadora en Perú y su acción directa orientada a influir en los marcos legales y políticos del Estado peruano respecto a su población. Para la adecuada comprensión de la labor de acción colectiva de la niñez trabajadora en coordenadas criticas se propone una lectura desde las claves de análisis propuestos por los autores del projecto ético político del trabajo social latinoamericano. Entendemos que esta perspectiva de vanguardia y de comprensión marxiana nos puede permitir tener una mirada abarcadora, completa y compleja sobre el ser y proceder del movimiento social de niñez trabajadora. De esta forma, equiparamos un marco análitico potencial que nos permita llevar al limite la experiencia de brega por derechos de un sector social, pero al mismo tiempo optamos con una lógica en viceversa, pues queremos denotar que tan amplios en el sentido libertario y de valoración de las capacidades del sujeto puede llegar a ser la perspectiva del trabajo social critico, pues nuestro proletario incidente no es el típico proletario, es más bien un trabajador negado por el adulto trabajador organizado. 

Resumen:

Esta ponencia pretende difundir el estado del arte realizado en la investigación titulada Intervención del trabajo social en la gestión del talento humano, la misma que se realiza dentro de los estudios del Doctorado en Ciencias Sociales de la Escuela Internacional de Posgrados de la Universidad de Granada, España. El interés de la investigación es comprender la intervención del trabajo social en el ámbito empresarial e industrial, en el campo de la gestión del talento humano, con el fin de orientar los procesos formativos y de cualificación profesional . Al hacer el levantamiento de información previo, se ha encontrado desarrollo bibliográfico e investigativo referido a tres concepciones de trabajo social en este campo. La primera, desde un acercamiento histórico-evolutivo de la profesión, que data de su concepción inicial y las formas en que intento dar respuesta a las demandas de la época en el ámbito de la empresa y la industria, centrándose en la administración de servicios sociales. La segunda, una concepción que hace referencia a que el trabajo social, tal como se conoce en la actualidad, se debe repensar en una siguiente forma de acción social que tiene una mejor cabida en la empresa. Una que está en pleno y creciente auge y que ha sido denominada como responsabilidad social empresarial. La tercera, desde la mirada del investigador a partir de la revisión del estado de la cuestión, que concibe un vacío de conocimiento sobre la intervención del trabajo social en el de la gestión de talento humano campo -en los seis subsistemas- donde se podrían incluir las otras dos concepciones.El objetivo de esta comunicación es presentar en línea de tiempo, el desarrollo académico y profesional que se ha producido a la fecha actual, desde esta tercera mirada o perspectiva, la de gestión del talento humano. La misma que se realiza en toda organización que requiera de trabajadores, tanto públicas como privadas. De esta manera, sus resultados contribuyen al fortalecimiento de la práctica formativa y de la práctica profesional que permita continuar insertos laboralmente en las empresas e industrias de Latinoamérica, sobre todo en la región Andina, donde existe como campo formativo y campo laboral.La investigación doctoral en curso es de enfoque mixto, de tipo aplicada y de nivel descriptiva., se usó la hermenéutica para la comprensión de las fuentes bibliográficas consultadas en repositorios de universidades y de revistas científicas indexadas de Iberoamérica, que sirvieron de base del estudio y para la elaboración de la presenta ponencia. Entre los resultados, se presenta el desarrollo profesional y disciplinar en contextos organizacionales, vinculados al pensamiento económico productivo de cada una de las revoluciones industriales vividas hasta el momento actual, desde la primera hasta la cuarta en curso, adaptando su saber y saber hacer frente a las demandas del mundo del trabajo, no solo de la parte empleadora, sino de forma especial, de la parte trabajadora, y por supuesto, desde las características de cada una de las revoluciones. La gestión del talento humano se presenta como un campo emergente de estudio, sobre todo cuando se cuenta con normativas nacionales en Colombia, Ecuador y Perú que establecen la contratación obligatoria de trabajadores sociales en empresas e industrias que cuenten con más de cien trabajadores, abarcando aquellas que se dedican a distintos sectores como la construcción, de servicios, etc. generando puestos de empleo y de desarrollo profesional, frente a un panorama laboral muy competitivo donde otras profesiones de lo social no cuentan con esta obligatoriedad legal, y que frente a ello, realizan gestiones para modificar la ley y poderse incluir como profesiones afines, debido a que muchas de ellas, ya han conseguido ubicarse en los puestos destinados a las y los trabajadores sociales.  A manera de conclusión, se afirma que el trabajo social es aquella profesión y disciplina de las ciencias sociales que puede actuar de mediador entre el sector económico-productivo y los trabajadores, para juntos encontrar alternativas de solución a las demandas exigidas por nuestras sociedades industriales, nuestras universidades y nuestros gremios profesionales, re valorando nuestra práctica profesional en el campo de actuación profesional de las empresas e industrias, y sobre todo a la de su propia subsistencia y empleabilidad en el mundo del trabajo.