Resumen:

Ambiente, distanciamiento social y regulación de relaciones sociales Lic. Nicolás RivasEl pensamiento y la acción higienista, en el caso de argentino y como parte predominante del pensamiento positivista de la época, desplegó a fines del siglo XIX sus saberes teóricos y procedimientos metodológicos y lo hizo desde un posicionamiento que superase el oscurantismo religioso, sus concepciones y prácticas: liberales, reformistas, científicos por un lado y católicos por otro. El abanico ideológico que se presentaba como separado y enfrentado en el terreno de las disputas a los nacientes derechos de los trabajadores, por ejemplo, se volvía un solo bloque a la hora de enfrentarse a las ideas clericales. Un ejemplo de ese conflicto y desde el ámbito de la educación, se puede comprender por la expulsión del representante del Papa en argentina en el año 1884. Julio Argentino Roca defiende a su ministro de Justicia, el médico higienista Eduardo Wilde, que había sido criticado por otro religioso de menor envergadura que el Vicario, por designar maestras protestantes en una escuela de mujeres de la provincia de Córdoba (Mauro). Resultaba ya necesario avanzar en dirimir esas tensiones en disputa desde perspectivas teóricas y políticas diferentes. Este texto tomará como referencia de reflexión los inicios de la “visita domiciliaria” en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el marco de la ofensiva del pensamiento positivista de fines del siglo XIX. En aquel tiempo, la Sociedad de Beneficencia creada por Bernardino Rivadavia y gestionada por un grupo de mujeres, ya daba señales de dificultades en el abordaje de las nuevas y complejas problemáticas donde intervenía. Será desde el concepto de ambiente, considerado como condiciones sociales y naturales que tienen relación con el otro que este escrito se estructurará. En esa línea, el distanciamiento social que se impuso e impone en este tiempo de pandemia también es visto como parte de una reactualización de las cuestiones de la higiene, ya en un marco de desaparición de pensamiento positivista, pero con resabios vigentes que operan en la vida cotidiana de las personas.Una de las características del higienismo es su capacidad de reciclarse y el distanciamiento social fue y es un ejemplo de ello, imponiendo su costado más invisible: la naturalización de las desigualdades sociales en el escenario del desarrollo capitalista. Comprobado está que, hasta ahora y por fuera de las vacunas, lo único que impide que el virus se transfiera de persona a persona es la distancia. Pareciera que esa distancia es un acto solamente voluntario cuya responsabilidad recae solo en la autonomía del sujeto y sus decisiones. Y si bien hay un marco inicial de la propia decisión, la imposibilidad de hacer efectiva esa distancia no puede achacarse (solamente y de manera punitiva) a actitudes individuales, tanto por las cuestiones habitacionales y de territorio como por la necesidad de no poder cumplir el aislamiento porque resulta imprescindible generar ingresos para la reproducción social. Por fuera de esta caracterización o en una zona poco delimitada de manera clara, quedan las personas que, por propia decisión y fundamentando su autonomía en la no injerencia del Estado y en su libertad individual, militan contra las campañas de vacunación (Stefanoni, Pablo). Hoy, en un momento que pareciera de retirada de la pandemia, las instituciones asistenciales y sanitarias ponen de manifiesto la fragilidad que ya tenían. Y, al tiempo que la pandemia lo evidencia, también nos interpela en esa supuesta normalidad del pasado que pareciera que es el lugar del retorno al que no se quiere volver. Estamos recorriendo un camino que, aunque queramos renunciar a la búsqueda de su salida para adelante, ir para atrás lo convierte en laberinto. Incertidumbre es la palabra para definir este tiempo institucional. En el campo de las disciplinas cuyo eje está centrado en el contacto con el otro y el contexto, la división de trabajo dejó afuera a aquellos que pusieron el cuerpo, de modo literal, en aquella coyuntura: médicos, enfermeros, trabajadores sociales, camilleros, maestros, etc. El cuerpo pierde su carácter simbólico al tiempo que se potencia como límite. La práctica de trabajo remoto o a distancia da cuenta de un proceso de degradación y de resignificación con beneficios también inciertos: psicólogos sin cuerpos de pacientes, Trabajadores Sociales sin ambiente y docentes sin aulas ni estudiantes presentes. Al tiempo que el trabajo a distancia se hace eficiente en la relación laboral empleado / empleador / población, esa misma situación laboral se debilita en su condición de trabajador solitario. En la lógica de maximización de ganancias, solo se pone de manifiesto su nueva condición de prescindible. Mayor desocupación, más informalidad laboral, más pobreza: lo que se agrega a este ya excluyente modelo capitalista es el proceso de uberización que crece día a día. Sostenemos que resultaba posible y necesario operar en el ambiente de esos otros para que algo se modifique y que resulta necesario hacerlo de modo presencial. Como señala John Dewey, el ambiente no es sólo aquello exterior al sujeto, sino que “consiste en aquellas condiciones que promueven o dificultan, estimulan o inhiben las actividades características de un ser vivo”.  En términos macrosociales el resultado de la relación de fuerzas políticas impondría el sentido de esas modificaciones que, en los últimos 50 años de nuestra historia, marcan el crecimiento de las desigualdades sociales. En el nivel microsocial también está ese ambiente y dialoga de forma directa con la intervención del Trabajo Social: esa regulación opera sobre esos resultados de procesos de relaciones sociales desiguales y también sobre mecanismos de integración en un marco de reducción de padecimientos mediante condiciones que mejore la accesibilidad y la cobertura a derechos sociales (Ferrara).    

Resumen:

La siguiente comunicación plantea una reflexión teórico-metodológica al ejercicio de investigar del Proyecto de Investigación de la Universidad Viña del Mar: Protagonismo comunitario en el desarrollo de tácticas y estrategias socio-territoriales para la gestión de pandemia COVID-19 en contextos de vida cotidiana en emergencia en la ciudad de Viña del Mar, el cual tiene como objetivo analizar las tácticas desarrolladas por actores sociales en contextos territoriales para la gestión de la pandemia  COVID-19, en  relación a las estrategias desarrolladas desde el Estado. El proceso de investigación se sitúa desde la perspectiva teórica de Vidas Cotidianas en Emergencia (Reyes, Arensburg y Póo, 2016), considerando para el análisis la distinción que realiza De Certeau (1990) entre estrategia y táctica para desarrollar las concepciones de resistencia y poder.La investigación se posiciona desde las metodologías cualitativas, recurriendo a fuentes secundarias, mediante el análisis de contenido de documentos (López, 2002) y, fuentes primarias, con el uso de entrevistas en profundidad (Alonso, 2003) a dirigentes sociales, profesionales de salud y profesionales municipales, así también se realizan Jornadas Cartográficas Expresivas, donde participan representantes de los tres actores señalados. La información producida se procesa desde el Análisis de Contenido (Cáceres, 2003).La propuesta de las Jornadas Cartográficas Expresivas (JCE), se realiza a partir de la articulación teórico-metodológica de los Encuentros Creativos Expresivos (Scribano, 2013) y la Cartografía Social (Diez, 2018). Lo anterior, se posibilita a partir del posicionamiento epistemológico desde los Conocimientos Situados (Haraway, 1995), toda vez que propone situar la construcción del conocimiento en los contextos particulares, donde las “encarnaciones (y visiones) en las que la posición desde la cual se “mira” define las posibilidades de lectura y acción” (Montenegro & Pujol, 2003, pp. 303-304). En este sentido, se adscribe a la noción de territorio desarrollada por Sosa (2012), el cual considera que éste es más que un espacio físico de un sector determinado, sino que se establecen relaciones sociales, que generarían grados de pertenencia(s) e identidad(es), configurándose como espacios construidos socialmente en la articulación de dimensiones eco-geo-antrópica, política, social, económica y cultural. Estas dimensiones se proponen representar en mapas de las JCE, donde dicho dispositivo metodológico desde la representación gráfica del territorio, busca visibilizar las subjetividades de los y las participantes, como también dar cuenta de la expresividad en relación las estrategias y tácticas de gestión de pandemia. En este sentido, se comprende la expresividad siguiendo a Scribano (2013) quien señala que es una forma de explicitar y analizar las prácticas sociales a las cuales se refiere, como una práctica discursiva dialógica que se articulan con otros/as. En este sentido, las JCE se desarrollan a partir de elaboraciones plásticas, puesto que “el hacer participar en la elaboración, interpretación y/u observación de las expresiones plásticas a los sujetos, involucra retomar los cruces (olvidados y negados socialmente) entre lo estético y la (con)figuración de lo social” (Scribano, 2013, pág. 88), entendiendo a su vez que la estética es una forma de la expresividad humana que da cuenta de las diversas prácticas de los/as participantes a partir de la elaboración de mapas, donde este se vuelve un texto del territorio de poder de lo representado (Diez, 2018).El proceso e implementación de la experiencia de investigación social llevado a cabo, se inscribe en un marco histórico, sanitario, político, sociocultural y económico que afecta, condiciona e impacta su ejecución. Producto de lo anterior, el desarrollo de la investigación se entiende como un ejercicio situado, de acuerdo con lo señalado por Sandoval (2013), ya que la producción de conocimiento se inscribe como una práctica social elaborada en contextos, como acción situada, que es producto de un trasfondo corporal e histórico que articula saberes y prácticas, junto a artefactos, espacios y tradiciones en escenarios de la vida cotidiana. En este sentido, la experiencia investigativa se encuentra enmarcada en diversos escenarios, que responden a los marcos institucionales y, los cambios observados en el escenario político-institucional.Con relación al contexto institucional, este se caracteriza por dinámicas burocráticas signadas por el alto nivel de formalización de los procedimientos internos (Martínez, 2006), que generan temporalidades distintas a los procesos comunitarios y, al desarrollo de la investigación. Además, es necesario considerar el escenario político nacional de proceso constituyente y de cambio de gobierno local, donde en este último, fue posible realizar entrevistas a actores institucionales relevantes de la administración anterior, desde la Dirección de Desarrollo Comunitario como también, en la atención directa, que asumieron una labor significativa para dar respuesta a necesidades y problemas sociales emergentes en pandemia. Los cambios enunciados se extendieron al área de salud local, lo cual afectó la apertura del campo de investigación en salud, retrasando significativamente el proceso de producción de información. A su vez, la alta demanda de los equipos de salud, sumado a los cambios y ajustes observados en los CESFAM, para hacer frente a la atención de personas, asociada a COVID-19; junto al proceso de vacunación y el desgaste de los equipos de salud primaria; limitaron las posibilidades del trabajo de campo durante el año 2021, retomándose el 2022, mediante las diversas gestiones realizadas por el equipo investigador, recurriendo a canales formales como también, a los vínculos institucionales, para lograr la apertura al desarrollo de entrevistas y jornadas.A pesar de las dificultades vividas, el uso de fuentes secundarias, sumado al vínculo construido con dirigentes/as en los territorios de Chorrillo y Santa Inés, contribuyó a avanzar en la producción de información, contrarrestando de esta manera, las limitaciones antes mencionadas. Los cambios observados en materia sociosanitaria, traducidos en mayor apertura y presencialidad, constituyéndose en un escenario favorable para desarrollo de las JCE, las cuales permitieron el encuentro de actores participantes. En conclusión, en el oficio de investigar en el ámbito territorial-comunitario, es necesario considerar tres aspectos fundamentales: la capacidad de adaptación del equipo de investigación, en relación a los contextos; la flexibilidad y articulación de los dispositivos de investigación y los desafíos de la gestión, considerando las diversas temporalidades institucionales, académicas y comunitarias. Esto último, un aporte del Trabajo Social, asociados a la gestión de proyectos de investigación. 

Resumen:

En este trabajo nos proponemos abordar las experiencias de algunos movimientos socioterritoriales y sus procesos de resistencia ante la intensificación de la expropiación territorial, de áreas urbanas y rurales, durante la emergencia sanitaria en Brasil. El presente trabajo es parte de investigaciones y acciones de extensión que desarrollamos durante nuestra trayectoria como docente investigador en la Universidad Federal de Rio de Janeiro y en este sentido atribuimos parte de sus contenidos y reflexiones al trabajo colectivo realizado con colegas y alumnos de graduación y pos graduación sin los cuales no tendríamos los avanzos necesarios para desarrollar los argumentos aquí presentados. La depredación de territorios ocupados por poblaciones llamadas de “tradicionales”, en particular por las remanecientes etnias indígenas y el sistemático exterminio de sus habitantes, no es un tema nuevo ni particular de Brasil. El genocidio indígena data de la llegada europea al continente y sus históricas y repetidas embestidas contra todas las formas de vida existentes. También es común para todos los pueblos de las américas que a partir de ese momento y en cada ciclo histórico de acumulación de riquezas nuevos embates contra los legítimos ocupantes de los territorios fueron efectuados teniendo como principal actor a los modernos estados coloniales. En todo el territorio brasilero la rapiña y el exterminio también afectan a otros grupos sociales que históricamente producen su sustento de los ecosistema que habitan, quilombolas (territorios habitados por descendientes africanos esclavizados que huían de los señores terratenientes o como única opción de sobrevivencia después de la abolición de la esclavitud), quebradoras de coco (poblaciones que se sustentan de la venta o intercambio de la pulpa del fruto de una palma llamada de “babaçu”), pescadores, pequeños y medios agricultores, entre otros.    El siglo XXI se inicia con la retomada de un viejo y conocido ciclo productivo, que coloca Brasil, así como la mayor parte de los países de América Latine y el Caribe como exportadores de productos primarios, minerales y agropecuarios, explotados por grandes multinacionales que negocian con los gobiernos de la región condiciones muy favorables para sus negocios.  A este proceso de reprimarización de las economías, particularmente aquellas mercancías transformadas en commodities en la actual fase financierizada de la economía mundial, debe agregarse la codicia por mayores y mejores tierras, ya sea para el cultivo de granos, la pecuaria o la extracción de minerales. Estas tierras, algunas de las cuales legalmente constituidas en reservas ambientales, localizadas en su mayoría en el Amazonas brasilero, son territorios habitados por poblaciones indígenas, algunas totalmente aisladas de cualquier contacto con otras poblaciones, y que se han visto invadidas por expropiadores privados con el beneplácito estatal. Aunque esta situación no es nueva, ni exclusiva al actual gobierno, los datos demuestran que desde el golpe jurídico parlamentar contra la presidenta Dilma Ruseff (2016) el aumento de ataques y depredaciones a los territorios indígenas, a las tierras ocupadas productivamente por el Movimiento de Trabajadores Rurales, inclusive aquellas en proceso de regularización de registro, y de pequeños agricultores, tuvieron un considerable aumento. Para esto se construyó una alianza entre la bancada ruralista parlamentar y el poder ejecutivo, anulando las funciones de control y fiscalización de los órganos públicos encargados de la protección indígena y de los ecosistemas, en especial el Instituto brasilero de medio ambiente y recursos naturales renovables (IBAMA) y el Instituto Chico Mendes para la conservación de la biodiversidad (ICMbio).En el contexto de prácticas gubernamentales ultraconservadoras, de evidentes expropiaciones de derechos sociales a través de la implementación de cortes y límites a los gastos sociales (educación, salud, jubilaciones, vivienda, asistencia), contrarreformas a las leyes que reglamentaban el trabajo y  la seguridad social y el “negacionismo” exacerbado, que ha intentado substituir la ciencia por interpretaciones bíblicas, inclusive como forma de conducir las intervenciones de organismos y políticas de Estado, los retrocesos se agravaron con la crisis sanitaria del SARS COVID 2.La emergencia sanitaria, mismo tratándose de un factor exógeno a la crisis social, económica y política que atravesaba el país, fue utilizada como una oportunidad por parte del gobierno Bolsonaro, que no titubeó en avanzar con las actividades ilegales como la desforestación en el Amazonas y entrada de mineros armados en áreas de preservación donde viven poblaciones indígenas extremamente vulnerables a los efectos del virus. “Es hora de pasar la manada” expresó el Ministro de Medio Ambiente en plena reunión ministerial, sin percibir que estaba siendo gravado.En ámbito urbano, principalmente las megalópolis brasileiras que actuaron como puerta de entrada del virus y de su rápida propagación, en relación directa con las condiciones de hacinamiento en que vive una parte significativa de la población, no casualmente la misma que mayoritariamente utiliza los medios de transporte público siempre abarrotados, también se intensificaron los ataques a los derechos humanos y sociales de los habitantes urbanos empobrecidos. Allanamientos, ejecuciones, prisiones y desalojos en aumento agravaron la letalidad de la pandemia.   Analizaremos algunas de las principales formas de resistencia organizadas e implementadas por las poblaciones más hostigadas en un contexto de avanzo de las expropiaciones primarias y secundarias, que colocan en riesgo la existencia social en su totalidad (Fontes, 2010).   APIB - Nossa luta é pela vida; Comisión Nacional para la Vida y la Memoria Indígena Noviembre de 2020- APIB_relatoriocovid_v7ES.pdf - http://www. emergenciaindigena. apiboficial.info, en 20/3/22CPT. Mapa dos Conflitos, 2022 https://apublica.org/mapadosconflitos/ en 26/4/22 GOULART, Débora Cristina. O anticapitalismo do MTST, Tese de Doutorado, UNESP-Marília, 2011. FONTES, Virgínia. O Brasil e o capital imperialismo: teoria e história. / Virgínia Fontes. - 2. ed. Rio de Janeiro: EPSJV/Editora UFRJ, 2010. ________________. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 130, p. 409-425, set./dez. 2017 409 http://dx.doi.org/10.1590/0101-6

Resumen:

O texto propõe a analisar dos desafios para o trabalho de assistentes sociais no âmbito da política habitacional na cidade do Rio de Janeiro, problematizando sobre as questões que incidem no cotidiano profissional frente ao contexto da pandemia. Este trabalho é produto de uma pesquisa bibliográfica assim como as observações oriundas do exercício profissional. Seu objetivo é compreender como o profissional constrói estratégias diante das questões que lhe são apresentadas na “nova” dinâmica institucional produzida pelo contexto de crise e pandemia. Do ponto de vista metodológico, as reflexões e análises são sustentadas em uma abordagem de natureza qualitativa, utilizando-se de pesquisa documental e bibliográfica para a sua elaboração.A sequência de mudanças na sociedade fomentadas pelo neoliberalismo e pela reestruturação produtiva, que tem como princípio reerguer os níveis de acumulação e concentração do capital, desencadeou inúmeras transformações que afetaram o mundo do trabalho, de maneira que o Estado executa as políticas sociais. Nesse bojo, há um processo de agravamento da questão social, onde há a “precarização do conjunto das condições de vida maioria da população brasileira, quadro esse agravado com a retração do Estado em suas responsabilidades sociais, justificada em nome da crise fiscal” (Iamamoto: 2009, p. 9). Partindo da premissa que o Serviço Social tem como principal objetivo intervir na “questão social apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura” (p. 27), todo esse processo traz repercussões para o fazer profissional. A crise sanitária brasileira ocasionada pela pandemia do Coronavírus (COVID-19) auxiliou a intensificação das manifestações da questão social. O governo brasileiro, sempre pronto para atender as necessidades do capital, não enfrentou a pandemia no seu início. Com isso, ampliou o número de infectados, empurrando o país para a maior tragédia da saúde pública com mais de 600 mil mortes. O momento exige investimentos em saúde pública, financiamento maior em ciência e tecnologia, crédito a micros e pequenos empresários e redistribuição de renda para as populações mais empobrecidas. O presidente Jair Bolsonaro até o momento continua apostando no negacionismo e sabotando o combate à epidemia, o que levou a sua denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), e no Tribunal Penal Internacional, além de receber muitas críticas dentro e fora do Brasil.As condições de vida deterioram rapidamente, em grande medida como consequência de ações e omissões de governantes  negacionistas: a saúde entrou em colapso, sem estrutura e equipamentos para atender as vítimas da pandemia, o impasse na garantia de vacinas para todos; desemprego; fechamento de empresas; renda insuficiente, situação agravada pelo fim do auxílio emergencial[1]; destruição do meio ambiente, do patrimônio público, de estruturas garantidoras dos direitos sociais e dos próprios direitos sociais e do trabalho. A crise que perpassa a economia brasileira desde o final de 2014 e que, desde então, produziu cerca de 20 milhões de desempregados associada à retração dos investimentos nos programas habitacionais a destacar o fim do Programa Minha Casa Minha Vida[2], trouxe repercussões importantes na Política Habitacional. Na esteira do abrupto ajuste fiscal realizado durante o curto segundo mandato de Dilma Roussef e aprofundado durante os governos de Michel Temer e de Jair Bolsonaro, contribuiu para o acirramento das desigualdades socioespaciais e da consequente favelização nas cidades brasileiras. De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o déficit habitacional entre 2015 e 2017 foi acrescido de 220 mil imóveis atingindo 7,78 milhões de unidades habitacionais.Nesse cenário, o assistente social vivencia as contradições da atual conjuntura: se por um lado experimenta situações de sujeição ao Estado (principal empregador da categoria) que reduz gastos investimentos e políticas sociais, do outro lado tenta viabilizar acesso aos direitos sociais conquistados. O trabalho do assistente social na política habitacional no Brasil se propõe a desenvolver ações de planejamento, execução e acompanhamento dos programas e projetos habitacionais, e na atual conjuntura o profissional que atua na área é desafiado diante das novas exigências impostas, as quais implicaram em diminuição de postos de trabalho, contratações com vínculos trabalhistas precários, polivalência e a própria reorganização do seu fazer profissional; o que leva a profissão experienciar antigos dilemas que são reatualizados: poucos recursos e muita demanda, persistindo os traços conservadores nas requisições profissionais e formas opressivas de gestão da cidade. Quanto às particularidades do período pandêmico, diante da necessidade do isolamento social, a lavagem das mãos, o uso de máscaras, dentre outras ações de enfrentamento à disseminação do coronavírus, fez como que a categoria profissional se deparasse como questões elementares: a falta de uma moradia ou de uma moradia adequada com espaço para o distanciamento, com acesso à água, por exemplo, dificultava que parcelas significativas da população fizessem o tão necessário isolamento social. O que foi possível constatar que quem mais sofreu nesse período foi a população que mora nos espaços mais pauperizados da cidade            Partindo dessas reflexões ainda de caráter propedêuticas, o que se pode perceber quanto aos desafios do trabalho profissional na habitação é que no período de mais intensificação do isolamento, os profissionais buscaram alternativas distintas para não romper os vínculos com a população e buscaram a internet como ponto de elo entre os sujeitos atendidos. Tal estratégia explicitou que muitas pessoas ainda não possuem acesso e conhecimento sobre o uso da Internet.  Segundo uma pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic), em 2020, 14% da população nunca teve contato com a internet, e que nas classes sociais D e E, apenas 67% têm acesso à internet. A pandemia ampliou o trabalho de assistentes sociais na política habitacional da cidade do Rio de Janeiro, tendo em vista que, além das famílias que já eram atendidas nos equipamentos públicos, muitas pessoas, em decorrência do desemprego, passaram a buscar os serviços sociais. Nesse cenário,  o trabalho do assistente social  é  demandado a ser repensado e construir novas estratégias coadunadas com a  direção social referenciada no projeto ético-político da profissão.[3] Para tanto, impõe-se uma agenda de mais participação política de assistentes sociais nos Congressos, mais diálogos e trocas de experiências,  mais processos de capacitação continuada, envolvimento com espaços coletivos que contribuam  para a afirmação de uma prática profissional alinhada com a afirmação dos direitos humanos e para a superação de referências conservadoras no trabalho profissional. [1] O auxílio emergencial benefício de renda mínima aos brasileiros em situação mais vulnerável durante a pandemia do Covid-19.[2] O Programa Minha Casa Minha Vida foi uma política pública criada em 2009, durante o segundo mandato do ex-presidente Lula da Silva. O objetivo foi subsidiar a aquisição de moradia própria para famílias de baixa renda e oferecer financiamento imobiliário a juros baixos para famílias com renda até R$ 9000,00. [3] O Projeto Ético Político Profissional do Serviço Social brasileiro é um conjunto de diretrizes norteadoras da formação e da intervenção profissional dos assistentes sociais que se alinham à possibilidade histórica de superação da ordem social capitalista e do conjunto de opressões socioculturais que dela fazem parte. 

Resumen:

O uso do espaço urbano é permeado por disputas de variadas dimensões. Há convívio desigual nos territórios, que ultrapassam o concreto e engloba os caminhos percorridos pelos sujeitos, dentre esses a população em situação de rua, que faz parte de   uma dinâmica emaranhada de negação dos direitos de corpos desabrigados e fora da normalidade padronizada. As pessoas que vivem em situação de rua fazem parte de um grupo populacional heterogêneo, embora apresentem aspectos em comum (Ex.: pobreza extrema, vínculos familiares fragilizados/interrompidos, inexistência de moradia convencional regular, uso dos logradouros públicos e áreas degradadas para moradia, trabalho e realização de atividades cotidianas, temporariamente ou permanente, utilizam unidades de acolhimento para pernoite ou moradia provisória), características que as deixam mais expostas a situações de vulnerabilidades sociais do que outros extratos populacionais. A saúde e assistência social se destacam dentre as políticas públicas que atendem essa população vulnerabilizada historicamente, onde a crise sanitária acentuou a decadência econômica e social capitalista em curso. A política de saúde funciona através do Sistema Único de Saúde (SUS) no território nacional, sendo regionalizada e descentralizada entre os entes federativos e por níveis de complexidade crescente (atenção primária, secundária e terciária). O Consultório na Rua faz parte da atenção primária e realiza o cuidado em saúde no território dos usuários, cumprindo os princípios do SUS (universalidade, integralidade e equidade), através de ações de redução de danos e articulações intra e intersetoriais. A pandemia da COVID-19, alterou as formas de conviver em sociedade e os cuidados que devem ser adotados para preservação da vida. Os impactos dessa crise sanitária extrapolam os âmbitos da biomedicina e da epidemiologia, interferindo nos aspectos socioeconômicos, políticos e culturais da sociedade. O IPEA estima que em 2015 houvesse 101.854 pessoas em situação de rua, já em 2020 com a COVID-19, houve o crescimento para 221.869 sujeitos sem proteção estatal e garantia de acesso aos direitos sociais. A depender dos projetos de sociedade adotados pelos governantes dos países, as medidas de distanciamento social podem ganhar um caráter de afrouxamento ou endurecimento, resultando no crescimento sinalizado em solo nacional. O contexto de desigualdade social vigente no sistema capitalista evidencia as dificuldades de acesso ao cuidado em saúde ou na manutenção do distanciamento social sem que haja o comprometimento dos meios de sobrevivência dessa população. Esta pesquisa teve como objetivo precípuo a análise do cuidado em saúde prestado pela da equipe do Consultório na Rua em Aracaju-Sergipe/Brasil, enquanto componente da atenção primária à saúde que assumiu um papel preponderante na assistência às pessoas em situação de rua durante o primeiro ano de vigência da pandemia. Enfatizando que esta atuação é uma das formas de minimização das vulnerabilidades enfrentadas por esse público, mas ainda assim insuficiente devido se tratar de um cenário de crise sanitária inclusa na decadência estrutural do capitalismo. Pesquisa decorrente da atuação como assistente social residente em saúde mental do HU/UFS no Consultório na Rua. A vivência proporcionou a partilha e construção de conhecimento com os trabalhadores no desafio cuidar em saúde e possibilitar o aceso a direitos sociais básicos a essa parcela da população brasileira historicamente que é colocada à margem da sociedade, não apenas numa realidade pandêmica, visto a disputa territorial existente nas cidades e o entrecruzamento de intenções sobre a ocupação e utilização das ruas. A pesquisa foi qualitativa exploratória com esses resultados: sexo masculino (70%), heterossexuais (89%), jovens e adultos (30% na faixa etária de 25 a 34 anos), concluíram o ensino fundamental (76%), não são alfabetizados (14%), cursaram o ensino médio (8%) e curso superior incompleto (1%). A motivação de estar nas ruas: não informaram (47%), uso de álcool e drogas (36%), conflitos familiares (10%), uso de SPAs e conflitos familiares (3%). Vínculos familiares rompidos (47%) ou fragilizados (40%); sobre trabalho e renda: não informaram (32%), artesãos (10%), guardadores de automóveis (9%), construção civil (9%). As condições de saúde: (84%) não possuem doenças crônicas, doenças infectocontagiosas (7% com tuberculose, 7% HIV/AIDS e 1% com Sífilis). Acesso ao Consultório na Rua: 50% abordagem, 23% demandas espontâneas, 19% via equipamentos da assistência social, 6% pelo Projeto Redução de Danos e 2% via outros serviços; 81% não recebem benefícios sociais, 9% recebem bolsa família, 6% benefício de prestação continuada e 1% auxílio doença. Os números versam sobre atendimentos individuais e articulações com a política de saúde, assistência social, poder judiciário, defensoria pública ou cartórios, com realização de 2.545 atendimentos – 539 na sede administrativa e 2006 nos territórios. A atuação ocorre de forma integrada aos outros equipamentos das políticas sociais, ocorrendo 300 articulações – 157 intrasetoriais e 143 intersetoriais. As principais demandas foram: dores em geral, falta de ar e crises asmáticas, tosses, corizas, ausência de olfato e paladar, diarreia, febre, suor frio, vômito, dificuldade para caminhar, desidratação, cansaços, indisposições, ferimentos, dermatite de contato, infecções fúngicas, falta de apetite, realização de testes rápidos para detecção de ISTs, consultas pré-natal e puerperais e puericultura, consultas médicas, exames citopatológicos, uso de contraceptivos, dúvidas e queixas ginecológicas dispensação de medicamentos e renovação de receitas, diabéticos e hipertensos, pessoas com deficiência, queixas psicossociais, queixas urológicas, consultas com especialistas. Demandas para emissão relatório, inserção em abrigos emergenciais, segunda via de documentos (Cartão do SUS, Carteira de Identidade, Certidão de Nascimento). Atuação durante a COVID-19 segue recomendações dos organismos nacionais e internacionais e diretrizes ligadas à promoção de direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, articulação e integração de políticas no governo e sociedade civil, respeitando os territórios e aproveitamento potencialidades. Busca-se construção do diálogo inter/intraredes para compartilhamento do cuidado, identificação de demandas e respostas possíveis, evita-se discurso verticalizado e excludente, afastando estigmas e discriminações socioculturais e econômicas, democratização do acesso aos espaços públicos. É relevante serviços que atuam nos territórios e com pessoas em situação de rua para promoção de sua cidadania, executando valores da CF/1988 e da PNPSR, para assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro as políticas públicas existentes, intervenções intersetoriais e compreendendo especificidades, dar lugar e voz para exposição de suas demandas e romper com a invisibilidade, reconhecendo direitos e combatendo assistencialismo e higienismo na atualidade.    

Resumen:

Durante los últimos dos años la situación de pandemia experimentada por la expansión de lo que se dio a conocer COVID-19 generó múltiples consecuencias a nivel cultural, social y económico en términos sistémicos. En las personas, diferencialmente según su clase, género, etnia, generación, entre otros aspectos, produjo consecuencias físicas y psicológicas cuyos impactos seguramente aún no hemos avizorado completamente.El presente artículo se enfocará en algunas reflexiones que este contexto de pandemia y sus consecuencias permiten realizar en una doble escala, de familia y barrio, enfocando en las dinámicas de los usos de la vivienda y cómo la precariedad tensiona la posibilidad del habitar[1].En primer lugar podemos destacar que el habitar quedó en el centro de la pandemia, en tanto dónde y cómo habitar, los usos de los espacios necesarios para articular como nunca antes la esfera productiva y la reproductiva, las tipologías de viviendas existentes y necesarias, las dinámicas familiares y su afectación en el marco de una convivencia obligadamente plena. Quedaron al descubierto así situaciones de desigualdad en el acceso, calidad y posibilidad de uso y disfrute de los espacios de ese habitar, fundamentalmente en situaciones y territorios de extrema precariedad. Si bien esto pareciera ser una realidad propia de la pandemia, apenas revela o muestra una realidad de larga data, una vieja deuda urbana.El “fin de la pandemia” nos coloca en el desafío de mirar y resignificar dicha realidad revelada, en tanto escenario que trasciende una situación transitoria. Lo que queda a la vista nos interpela para pensar la vida cotidiana en la vivienda, en el barrio y en la ciudad. Inevitablemente, interrelacionado con esto, la sociedad que queremos construir en ese habitar y qué cambios, transformaciones o, al menos, pactos sociales son necesarios.  Algunos puntos de partidaLas formas en que los sujetos y los colectivos habitan la ciudad dan cuenta de procesos muy complejos, donde entran en juego múltiples factores como ser: las dinámicas del mercado, las intervenciones del Estado y las decisiones que toman las propias personas; esta última, estrechamente relacionada con las dos anteriores. Esto a su vez denota las diversas trayectorias existentes que claramente expresan las posibilidades que tienen las familias de acceder a una vivienda.Justamente, el acceso al hábitat y a la vivienda constituye uno de los principales satisfactores de las necesidades humanas y el derecho a su acceso es reconocido por ley. Sin embargo, el mismo se encuentra vulnerado en ocasiones por acciones u omisiones del Estado, y fundamentalmente por las leyes de funcionamiento del mercado inmobiliario y el derecho a la propiedad privada. Esto ha llevado a que la resolución de la problemática se presente como un asunto a ser abordado por las familias de manera individual.La pandemia originada por la extensión del virus del COVID 19 entre los efectos que ha tenido, uno es la (re)valorización del espacio residencial, como espacio de protección y refugio, como fue el caso de la consigna “quedate en casa”.La vivienda, se volvió el único lugar posible donde transcurrir la vida. Si se la entiende como espacio de vida, de habitar, donde se dan múltiples interacciones y se realizan funciones de la vida que ocurren en simultáneo en un mismo tiempo y espacio… queda planteada una tensión para aquellos que no cuentan con una vivienda adecuada para transitar dicha experiencia. Así, las distintas condiciones habitacionales, los espacios abiertos, las posibilidades de convivencia intergeneracional, han sido parte de lo emergente en este contexto. Reforzar la vivienda como espacio privilegiado para la reproducción social de la población, implica revisar su carácter de derecho en nuestro país, que históricamente para una parte importante de la población ha sido negado u obturado. Requiere, asimismo, revisar nuestro concepto de hogar, entendiendo que el mismo debe ser saludable y permitir la mencionada reproducción social y todo lo que ella requiere en condiciones de seguridad para sus habitantes.Nada más peligroso y denigrante que vernos obligados y obligadas a permanecer puertas adentro cuando ese lugar es precario, no tiene las condiciones mínimas, las dimensiones físicas espaciales adecuadas para vivir y convivir. La precariedad, el hacinamiento, son la realidad de muchas personas. Las condiciones materiales de vida se vuelven centrales en la posibilidad de la producción y reproducción de la vida. Asimismo, la vivienda esconde reparto desigual de las tareas y cuidados, relaciones desiguales de poder, opresión, abuso y violencia de género.Esta situación ha puesto en evidencia más que nunca las desigualdad en el acceso y uso de los espacios de habitar, el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, que condena a parte de la población a resolver en forma deficitaria o precaria su espacio residencial.El contexto actual está signado por el congelamiento y vaciamiento de muchas de las políticas orientadas a la atención de los sectores más vulnerados. De esta manera, mientras las desigualdades se refuerzan, el Estado opta por su retiro y por darle al mercado un lugar de mayor privilegio en la materia. Lo urbano, y en particular lo habitacional, es un ámbito en que, a diferencia de otras arenas de políticas sociales, el interés privado es superlativo, dada la alta rentabilidad que se obtiene con inversiones no demasiado riesgosas.¿Cómo se puede volver a poner en el debate público la deuda urbana? ¿Cómo y en qué dimensiones la pandemia y la pospandemia agudizaron las desigualdades preexistentes? ¿Qué dimensiones pueden volver a ser tomadas por colectivos y organizaciones para lograr mejores condiciones de vida?    [1] Dada su complejidad, y la imposibilidad de abarcar la totalidad de situaciones de vulneración, quedarán excluidas de este análisis aquellas que transcurren en situación de calle o en viviendas de tipo colectivo gestionadas por el Estado (refugios, hogares)

Resumen:

En este trabajo recuperamos parte del proceso de construcción de la tesis de Licenciatura en Trabajo Social (FCH, Unicen) que estamos transitando. Procuramos abordar la situación en relación al acceso a alimentos en un barrio de la ciudad de Tandil, desde la perspectiva de las instituciones/organizaciones presentes en el territorio. Haciendo hincapié en las estrategias/ prácticas que construyen las organizaciones/instituciones barriales que materializan las políticas alimentarias en torno al acceso de los alimentos frente a la emergencia alimentaria y el contexto de pandemia mundial, Covid-19. Tomando como período para el análisis: 2016-2021.La situación socioeconómica observada desde el año 2016 hasta el momento se caracteriza por el aumento de la desocupación, la precarización del empleo e inflación por encima del 40%, afectando fundamentalmente el acceso a los alimentos. Estos procesos no son novedosos, ni surgen en el período mencionado, pero sí en estos años se ha incrementado y con ello potenciado la situación de emergencia alimentaria en un contexto de mayor desigualdad social. El periodo elegido no fue al azar, ya que desde Diciembre de 2015 a Diciembre de 2019 estuvo marcado por un retroceso hacia una matriz neoliberal, donde hubo recorte del gasto público y un desguace en las políticas públicas. Estas fueron recesivas, segmentadas y focalizadas, donde las políticas sociales alimentarias no fueron ajenas a esto.Desde el año 2020 a nivel mundial nos encontramos en situación de pandemia por Covid-19, donde en su inicio tuvimos que realizar aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y este se dispuso mediante el Decreto 297/2020. La complejidad de la situación epidemiológica y social no permitió a miles de personas poder ir a sus lugares de trabajo, quedando fuera del mercado laboral y/o trabajando en condiciones aún más precarias. Durante 2020 aumentó el desempleo, la precarización laboral, la inflación, la pobreza y la desigual social. Por estas razones visualizamos la situación actual como de emergencia social y sanitaria (llamada también emergencia socio-sanitaria). Y dentro de esta emergencia se consideran centrales las dificultades en el acceso a la alimentación.Como se ha estudiado, a los alimentos los podemos obtener a través del mercado y para poder comprarlos necesitamos dinero. Sin embargo, cuando se pierden fuentes de trabajo (formales y/o informales) y cuando el precio de los alimentos aumenta constantemente las posibilidades de adquirirlos son cada vez menores traduciéndose en disminución de cantidad y calidad alimentaria (Aguirre, 2005)En este contexto se hace necesario pensar esta situación de emergencia alimentaria como manifestación grave y vital de la Cuestión Social. Estudiar la problemática alimentaria demanda considerar factores económicos, políticos, sociales y culturales. Entre ellos las “respuestas” que se van construyendo en torno a la problemática y cómo se van redefiniendo territorialmente. Consideramos a las instituciones/organizaciones barriales como actores protagonistas en torno a cómo se responde a la problemática alimentaria, a cómo delinean estrategias y prácticas en el marco de la emergencia y a cómo se construyen demandas ante el Estado y/o otras organizaciones.En un contexto de emergencia alimentaria y de aumento de la desigualdad, las organizaciones barriales han tomado una gran relevancia en torno a la problemática alimentaria, pues reciben las demandas de los usuarios y materializan las políticas sociales en territorio. Teniendo en cuenta lo antes dicho, interesa conocer también los cambios que han observado, las estrategias que despliegan y los desafíos que visualizan dichos actores, entre ellos los/las trabajadores sociales y/o los/las referentes institucionales en torno al acceso a los alimentos en el barrio.Recuperaremos elementos en relación al objetivo general planteado:- Visibilizar la situación en relación al acceso a alimentos en el Barrio Las Tunitas de la ciudad de Tandil, desde las perspectivas de las organizaciones barriales y las estrategias/prácticas que estas utilizan frente a la emergencia alimentaria y en contexto de pandemia mundial por Covid-19. En el periodo 2016-2021.Se considera que este trabajo sumará a trabajos que abordan sobre la temática y contribuirá en visualizar la perspectiva de las instituciones/organizaciones que materializan políticas sociales alimentarias territorialmente. Sumando a la producción y al debate sobre las políticas públicas en torno a lo alimentario y poder repensar las existentes, para que sean satisfactorias a la población. Para aproximarnos a la temática se indaga en libros, investigaciones realizadas y artículos que abordan la temática, etc. A su vez, se explora documentos de planes y programas; retomar lo trabajado en el marco de las prácticas pre-profesionales de la Lic. en Trabajo Social, FCH, Unicen y realizar entrevistas a referentes claves de cada institución/organización que materialice políticas sociales alimentarias en el barrio.Teniendo en cuenta las características del presente problema de investigación, se decide utilizar la metodología mixta, haciendo hincapié en cuestiones cualitativas, ya que, en ella se encuentran las herramientas más pertinentes para la interpretación de datos de lo que desea estudiar. Se considera pertinente emplear las entrevistas semiestructuradas. Se decidió por este tipo de entrevistas, ya que, con los referentes de cada institución se ha tenido relación, ya sea, en las mesas barriales o en otras intervenciones dentro del marco de las prácticas pre-profesionales. Se pondrán en relación con el trabajo realizado en el marco de las prácticas pre-profesionales, tratando de acercarnos a responder las preguntas que guían este trabajo, principalmente si las institucionales y organizaciones han modificado sus estrategias y prácticas a la hora de vincularse con los/las usuarios/as al momento de la materialización de las políticas sociales alimentarias. Acercándonos desde esta arista al cómo se accede a los alimentos en un barrio de una ciudad intermedia de la provincia de Buenos Aires en el período 2016-2021.