Resumen:

En Colombia, el principio constitucional de autonomía de las entidades territoriales es el marco de referencia para las políticas públicas y la unidad básica para su materialización son los municipios. De acuerdo con la Ley de Infancia y adolescencia del país, en consonancia con la misma constitución Nacional, existe corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado en la garantía y goce efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Un primer paso para ello es lograr entender las formas de diálogo y el sistema complejo de relaciones que se establecen entre los actores intervinientes. Esta es una reflexión que forma parte de la tesis doctoral en pensamiento complejo en curso, donde se pretende básicamente, elaborar un modelo de política local basado en el diálogo horizontal entre la familia, la sociedad, el Estado, fundamentado en los principios dialógico, auto-eco-organizacional y autonomía del pensamiento complejo, a fin de que pueda ser un referente en la planeación y gestión para la garantía y el goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Lo anterior, supone los siguientes objetivos específicos: 1. Describir el escenario dialógico relacional entre la familia, la sociedad y el Estado en la garantía de derechos de la infancia a nivel local, que permita su goce efectivo en un entorno ecosistémico. 2. Exponer un debate acerca de la autonomía y el poder de decisión local para dar respuesta conjunta, a la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. 3. Analizar la capacidad de auto-organización de los actores locales (agentes del estado, agentes de ONGs, representantes de las comunidades, niños, niñas, adolescentes, familias), involucrados en la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes a nivel local. 4. Proponer un modelo sinérgico horizontal e intersistémico de política local para la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Según la normatividad de Colombia, en la garantía y goce efectivo de derechos de los niños, deben converger el deber en primer lugar de la familia, cualquiera sea su configuración; en segundo lugar, la sociedad, entendida como la comunidad, las organizaciones sociales en el territorio en el que habitan y se desarrolla la vida de los niños; y en tercer lugar, del Estado a través de sus agentes e instancias, a nivel nacional, departamental y municipal o local. De acuerdo con Durán, esta corresponsabilidad se puede definir como la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos. Familia, sociedad y estado tienen obligaciones concurrentes, solidarias, simultáneas e interrelacionadas en el respeto y la garantía de cada uno de los derechos. La responsabilidad del Estado como garante fundamental de los Derechos Humanos, se ve complementada por la responsabilidad de la familia como nicho protector de estos derechos en la vida cotidiana y por la responsabilidad de la sociedad entera de generar espacios de democracia donde se permita el pleno desarrollo de los niños y los adolescentes (2011, p. 121).Se introduce un marco teórico en el que converge el pensamiento sistémico complejo y la doctrina de la protección integral del niño, referida al conjunto de instrumentos jurídicos de carácter internacional, que modifican cualitativamente los conceptos de niño e infancia en el marco del desarrollo político de un Estado y de esta manera los Estados se obligan a adoptar las medidas administrativas, sociales y educativas de orden legislativo, apropiadas para reconocer a los niños y niñas de su territorio como sujetos de derecho, en corresponsabilidad con la familia y la sociedad. Lo anterior, en el marco de los instrumentos de la acción pública de planificación y gobierno, referidos a un territorio específico, bajo la concepción del territorio reticular de Mönnet (2013) y conectado con el modelo bioecológico de Bronfenbrenner (1987), para concluir, con la concepción de política pública de Velásquez (2018), quien la define como proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos, instrumentos, narrativas y símbolos, gestionado por autoridades, con la obligatoria participación de los particulares, y encaminada a intervenir situaciones definidas como problemáticas o a materializar las deseables. La política pública hace parte de un ambiente o contexto determinado del cual se nutre (emociones, instituciones, ideologías, narrativas, hábitos) y al cual pretende modificar o mantener), conectándose en este sentido con el referencial de política enunciado por Müller (2006).La tesis se asume desde una postura y actitud transdisciplinar, conjuga procedimientos metodológicos en una estrategia creativa, que procura integrar los tres rasgos fundamentales señalados por Nicolescu (1994), rigor, apertura y tolerancia, presentes en la investigación y la práctica transdisciplinaria. Se considera así mismo, los tres pilares de la transdisciplinariedad, los niveles de la realidad, la lógica del tercero incluido y la complejidad, los cuales determinan la metodología de la investigación transdisciplinaria (Nicolescu, 1994, p.36). Vinculada con el ejercicio de la tesis, lo que se propone es la atención de un problema que emerge en contextos locales complejos y que requieren alternativas creativas, participativas y prácticas que integren y superen las visiones fragmentadas, con un real involucramiento y cooperación entre diversos actores y sectores de la sociedad. De esta manera, la estrategia de investigación se propone como una integración de datos, saberes y subjetividades, en un dispositivo metodológico dialógico, basado en la sistematización y recuperación de las experiencias de formulación de políticas públicas en cuatro municipios del departamento del Huila (Tello, Hobo, Algeciras, Colombia) durante los años 2013 a 2019, la revisión documental, el diseño de los sistemas observados, lo cual conllevará la modelización de los resultados.

Resumen:

Situar el trabajo interdisciplinar desde una perspectiva investigativa invita reflexionar y revisar  constantemente las posiciones teóricas, epistemológicas, metodológicas y éticas de nuestras praxis sociales….. De ahí la valoración de estos espacios donde se logra establecer una relación dialéctica entre investigación y acción social, donde la discusión y la reflexión son relevantes al interior de los equipos de trabajo para poder entender las dinámicas de los diversos grupos vulnerables en los actuales escenarios sociales.La investigación social nos posibilita un conocimiento riguroso y nos permite develar saberes comprometidos en torno a las diversas situaciones y realidades sociales. En este sentido los equipos investigativos deben propiciar espacios de encuentro con la intención de poder deconstruir aquellas posiciones que van naturalizando las problemáticas sociales, provocando una ceguera institucional que impide visibilizar un conjunto de opciones, estrategias para lograr esa anhelada transformación social. Por lo tanto, el interés por la investigación social nos permite entrar a descubrir un conjunto de factores que están influyendo en las actuales complejidades sociales y que se requieren hoy en día poder descifrar y así mejorar los dispositivos institucionales para de construcción de políticas locales inclusivas. En este sentido la relevancia de los procesos investigativos permite comprenden al sujeto en su propios contextos y espacios cotidianos.En la actualidad la compulsividad institucional tiende a realizar diagnósticos locales con problemas en su rigurosidad, problemas en su consistencia y coherencia metodológica, en la confusión de métodos y técnicas,  lo que genera que las intervenciones no logren los efectos deseados en los territorios pues prevalece un enfoque normativo en la construcción de planes locales donde se conflictúan  los intereses estatales y los ciudadanos, donde es más importante el cumplimiento de metas o la asignación de recursos, por sobre la democratización de los procesos sociales y la generación de espacios ciudadanos. En este sentido los Centros de Salud Familiar, si bien son el último eslabón representativo del Estado a nivel local, es el primero donde la ciudadanía accede al Sistema de Salud en nuestro país, por lo tanto, es donde las personas de escasos recursos solicitan una primera atención. Es ahí donde sus expectativas y frustraciones se evidencian con claridad en el día a día; y donde las falencias del sistema público son evidentes a la hora de la evaluación que hace la ciudadanía. La investigación nos permite conocer los mecanismos que modulan los fenómenos de exclusión social y vulnerabilidad en el acceso a la salud, y como se tensionan el encuentro del ciudadano con el Estado.Es sabido que, en todos los países, con independencia de su nivel de ingresos, la salud y la enfermedad siguen un gradiente social: cuánto más baja es la situación socioeconómica, peor es el estado de la salud. Numerosos estudios han encontrado asociación significativa entre estilo de vida saludable y determinantes estructurales como: el lugar de residencia, edad, sexo, educación, ingresos, así como también se ha destacado que los factores psicosociales se encuentran fuertemente asociados a estilos de vida promotores de salud.La Atención Primaria de Salud (APS) es un campo de acción, una oportunidad, un desafío, un espacio ciudadano y un reflejo de nuestra sociedad. La APS ha demostrado ser una oportunidad de encuentro entre el Estado y la ciudadanía. La APS tiene como desafío ser el espacio donde se logre articulación entre los distintos sectores y promover la participación de la comunidad, tal como fue declarado en la conferencia mundial de Alma Ata en el año 1978, la “salud para todos” es un trabajo intersectorial y participativo. Lamentablemente, aún existe la dificultad y quizás temor, de empoderar a las personas llamadas “pacientes” en el sector salud, y mirarlos como ciudadanos garantes de derechos, entre los cuales está la protección de su salud. Pues el Sistema de Salud chileno continúa asentado en un estructura biomédica y asistencialista, que fue exitosa para un escenario epidemiológico de enfermedades infecto-contagiosas y materno-infantiles, pero esa fórmula quedó sobrepasada por las enfermedades crónicas y la longevidad de la población, influenciadas por los estilos de vida en un mundo global y mercantilista.Uno de los objetivos de este libro es visualizar e instalar en la agenda pública la necesidad de dar cuenta de los aciertos y desaciertos de las políticas sociales, pues éstas siguen perpetuando condiciones de inequidad e injusticia social en aquellos grupos más vulnerables de la población. Las políticas sociales concebidas como acciones, que van desde el Estado hacia la sociedad (a los pobres, los carentes o los necesitados), van a resultar, necesariamente, asistencialistas, sin embargo, un punto a discusión puede ser que no corresponda a la naturaleza de éstas, sino que se trata de una decisión que busca fortalecer relaciones de subordinación entre la autoridad y la ciudadanía.Esta visión sin embargo puede parecer simplista e ingenua, dado que frente a los hechos hay quienes rechazan la posibilidad de que las políticas y programas estatales sean participativos, pues debemos reconocer que no hablamos de una propuesta de fácil ejecución ya que se trata de que el Estado genere espacios de poder a las personas y que éstas cuenten con las competencias necesarias para asumir tal desafío. Por lo tanto, considerar a los diversos actores sociales en la construcción de ciudadanía implica necesariamente establecer una relación horizontal con la sociedad civil, permitiendo que la acción estatista involucre a los actores tanto en el diseño como en la evaluación de las políticas públicas con la finalidad de poder garantizar el aporte significativo a los procesos de desarrollo que se viven al interior de cada territorio.Este trabajo es una invitación a mirar la salud desde las personas, como éstas significan aquellas dimensiones que son relevantes para su calidad de vida.

Resumen:

La siguiente ponencia pretende avanzar en la discusión sobre el carácter político de la política social, en tanto el lugar que ocupan respecto a la reproducción del orden y la vida social (Lechner 1982, 1984).Se realiza un examen crítico del caso de la política de infancia en Chile 2015-2025, mediante un análisis documental (Valles, 199; Andreu, 2003; Castillo,2005) de literatura actualizada, resultados de estudios empíricos y revisión general de los marcos normativos y técnicos.  El análisis se centra en la línea programática de protección a la infancia.Se contempla el aporte de autores como Danani, (2009) y Esping-Andersen (1993; 2000), con categorías que irán permitiendo aproximaciones a una comprensión de política social con una dimensión mercantilizadora y fuertemente familiarista.Lechner (1984) plantea que el movimiento neoconservador, que considera que la sociedad no sería un producto social e histórico, tendería a la separación de la sociedad en distintas esferas y a la extinción de la política. Última idea que no compartimos del todo, en tanto más que extinción de la política, nos parece un giro político en una dirección particular, que no deja margen a la transformación de un orden social que es concebido como dado y externo a los sujetos. Si coincidimos con el autor sobre la compresión de la mirada materialista de un orden social históricamente construido (Lechner,1984).Desde las ideas anteriores comenzamos a preguntarnos si la configuración de la política es más bien una respuesta a la cuestión social o es un asunto de orden social. Genéricamente comprendida, la intervención social, la acción estatal y por cierto la política social, pueden ser entendidas como una respuesta a la cuestión social o, como exponen Martinez y Agüero (2014), parte constitutiva de la construcción y disputa por el orden social. La política social va cumpliendo un rol en las definiciones sobre la producción y reproducción de la vida social (Grassi, 2003).Por una parte, hay una aproximación al orden social, en tanto a qué tipo de orden se aspira y esto es consustancial a las condiciones de vida de los sujetos y por tanto no elude la cuestión sobre la producción y reproducción social de la vida. Un modo relacional y dialéctico en el que se articulan la cuestión y el orden social.                 La política social de infancia en Chile ha transitado desde modelos asistencialistas con una mirada del menor en situación irregular y con un fuerte dispositivo de control, a modelos de necesidades, manteniendo de base un “enfoque proteccionista y tutelar, donde el Estado, en vez de ejercer un rol garante de derechos, tiene un rol subsidiario” (Martín, Rozas & Alfaro, 2020, p.383), que ha dificultado el tránsito desde la mirada de la niñez como objeto a sujeto de derechos. (Oyarzún, Dávila, Ghiardo, & Hatibovic, 2008; Saavedra 2008; Andrade 2009; Andrade & Arancibia, 2010; Andrade y Rao, 2020).La responsabilización individual y los propios méritos de los sujetos de intervención, así como la performance de cercanía de los interventores, junto a la centralidad en la gestión de la intervención, son realzados como clave, puesto que a través de estas disposiciones se puede llegar a incidir en los sujetos y familias identificadas como “vulnerables”. El abordaje de lo social neoliberalizado, implica un descentramiento desde aquello que en sus orígenes se entendió como una “cuestión social”, hacia un asunto de individuos. (Rojas, 2018, p. 143).Así, en esta política se identifica claramente la responsabilización y habilitación individual-familiar[1]sobre sujetos de la intervención. Los interventores aparecen como sujetos sujetados al dispositivo, en tanto productividad, responsabilización individual sobre la gestión y, por otro lado, la competencia del mercado de las licitaciones respecto a espacios laborales y organizacionales que habitan en los escenarios de privatización de la política de infancia (Sánchez y Villarroel, 2017, 2018; Schöngut-Grollmus,2017).Cada tipo de vulneración de derechos asociada a un niño, niña o adolescente tiene asignado una subvención económica que se paga al Organismo Colaborador que ejecuta la oferta programática de SENAME[2]. La institución realiza licitaciones periódicamente donde compiten estos organismos para obtener las subvenciones.Para Esping-Andersen (2000,) “Un sistema familiarista- que tampoco significa “<<pro familia”>>- es aquel en el que la política pública presupone- en realidad exige- que las unidades familiares carguen con la responsabilidad principal del bienestar de sus miembros” (…) (p. 74), lo que aparece fuertemente de dos formas en la política de infancia. Por un lado, cuando la familia es identificada como la principal responsable, tanto de la vulneración como de la reparación de derechos. Por otro lado, cuando estas políticas no afectan significativamente las condiciones de vida de los sujetos, y son entonces las propias familias las que ya sea a través de sus propias prácticas, del Estado y/o del propio Mercado, deben proporcionarse bienestar a sí mismas. La intervención de la política de infancia se presenta desde perspectivas funcionalistas, desde lógicas de control y reparación. Intervención impuesta como saber totalizante, que clausura el devenir subjetivo y categoriza (Castro-Serrano & Gutiérrez, 2017) a Niñas, Niños, Jóvenes y sus familias como carenciados. Su foco está puesto en las vulneraciones de derecho, las que estarían situadas en el contexto familiar.Esta intervención de algún modo va buscando la mantención de cierta posición y función en las familias, para conservar un orden social establecido donde la familiarización “(…) ni constituyen derechos, ni socializan la reproducción, por el contrario, la privatizan, reenviando a la esfera familiar e individual la responsabilidad por el bienestar” (Danani, 2009, p 39).Se presenta una mercantilización en el proceso de ofrecer un servicio de bienestar por parte de privados que representan al Estado, pero su recepción no implica un proceso de desmercantilización, en tanto soporte de reparación de derechos o cambios en la calidad de vida de estos y su dependencia del mercado para proveerse bienestar.   [1] Esto se puede corroborar al analizar las normas técnicas de los programas de la línea programática de protección. Respecto a los objetivos de cada programa, las metas, enfoques, escalas de evaluación de competencias, entre otras.[2] SERVICIO NACIONAL DE MENORES, actualmente Mejor Niñez.

Resumen:

La presente ponencia es producto del proyecto de investigación doctoral en curso, titulado: “Comprensión y reconocimiento de discursos familiares y relaciones generativas en Familias Ensambladas” -Adscrito al Doctorado en Estudios de Familia de la Universidad de Caldas-. Con esta me interesa cuestionar los imaginarios sociales que persisten en la actualidad para definir la familia, los cuales desconocen la diversidad como su característica central. La posicionan como institución natural y célula básica de la sociedad, responsable de su adecuado desarrollo. Los diversos modos de hacer familia, democratización en las relaciones, ruptura frente a los roles tradicionales de género, residencia no compartida, conyugalidad sin procreación y no heterosexual, son identificados como disfuncionalidades familiares, desde perspectivas deficitarias y patologizantes. Este es el caso de las Familias ensambladas, las cuáles están siendo visibilizadas en investigaciones y literatura por su potencial crecimiento, por las transformaciones que viven, las ambigüedades legales a las que se enfrentan y por motivar la problematización de categorías analíticas clásicas de la familia. Sin embargo, desde la producción académica e investigativa, se abordan una pluralidad de temas referidos a sus dinámicas familiares, procesos y relaciones, enfatizando en las situaciones problemáticas y complejas que conlleva la recomposición familiar, pero poco se ha explorado el reconocimiento de discursos alternativos o emergentes que den cuenta de sus recursos, innovaciones y potencialidades construidas en la nueva organización. Por tanto, mi interés principal con esta ponencia, es problematizar discursos que consolidan un imaginario deficitario para esta forma de organización familiar, encontrados en la literatura infantil, relatos familiares, sociales y profesionales, los cuales invisibilizan los aspectos generativos construidos en la nueva familia por parte de sus integrantes, lo cual impacta negativamente la construcción de su identidad familiar y el reconocimiento de sus derechos.  En cuanto a este último aspecto, las familias ensambladas, enfrentan una complejidad de situaciones legales que las hacen experimentar mayores dificultades en la garantía de sus derechos, que otras formas de organización familiar ya institucionalizadas. Al respecto, Cherlin (2017) sostiene que hay poco consenso sobre la situación legal de las parejas que cohabitan sin casarse, sobre las leyes relativas a la custodia de los hijos cuándo estas parejas se separan y sobre las responsabilidades y derechos de los padrastros convivientes sin custodia. lo cual se refleja en el debilitamiento de las normas y leyes sociales que regulan la vida familiar. (Cherlin, 2004). En Latinoamerica, Puentes (2014) resalta “la importancia del reconocimiento y protección de la familia ensamblada desde los ordenamientos judiciales latinoamericanos” (Puentes, 2014, p.58). La autora argumenta que los integrantes de estas familias se encuentran limitados legalmente en sus derechos, deberes y responsabilidades por la escaza regulación jurídica que se les brinda en el ejercicio de la patria potestad respecto a los hijos nacidos en otra unión. Esta situación aplica también para uniones consensuales, donde los padres afines tienen deberes no sólo conyugales, sino también respecto a los hijos convivientes. Así mismo, Coelho (2011) señala que el sistema jurídico no cuenta con reglamentos específicos acordes a las necesidades que tienen las familias ensambladas lo cual podría marcar exclusión para el modelo de familia con padrasto y/o madrastra. Quintero (2006), plantea que desde la doctrina jurídica es necesario seguir abordando el tema de la familia ensamblada, porque puede traer inseguridades para la pareja y la relación padres e hijos. La autora menciona la mediación como asunto fundamental para las familias y como técnica para orientar a la pareja, luego de la separación, en diversos acuerdos relacionados con los hijos.  Como se puede observar, desde estas perspectivas, se plantean dificultades en los ordenamientos jurídicos para atender y abordar situaciones de la familia ensamblada, sus necesidades, derechos y responsabilidades ya que: La legislación acerca de la familia se ha focalizado especialmente en la mujer, la protección del menor, el reconocimiento igualitario del matrimonio para las uniones no formalizadas, pero no lo ha hecho referente a la familia como unidad o grupo que como tal exige un tratamiento particularizado. Se destaca con fuerza la necesidad de revisar el marco legal que norma lo relativo a cuestiones surgidas o modificadas en el contexto de la crisis y el reajuste. En tal sentido, es necesario nuevas regulaciones jurídicas acordes con los nuevos escenarios sociales (Puentes, 2014, p. 60). Esta idea también la respalda Rivas (2008) quien plantea existe para estas familias, “invisibilidad y desamparo legal” (Rivas, 2008, p. 198), lo anterior, porque no se tiene en cuenta su especificidad y diversidad a nivel jurídico, ya que aún existe una visión limitada de la familia y no se reconoce la diversidad en aspectos referidos al matrimonio, la corresidencia, la pluriparentalidad, (padres/ madres biológicos y de crianza) lo cual conlleva a una falta de reconocimiento social y legal que genera dificultades para el manejo de situaciones referidas a “permisos laborales, consentimientos en caso de intervenciones médicas, tomar decisiones en temas de salud, educación” (Rivas, 2008, p.198) además de los derechos de herencia. Todos estos asuntos, generan dificultades para las familias reconstituidas, y según la autora, mantiene su imagen de “irregularidad e ilegalidad” (Rivas, 2008, p.199) de aquí la necesidad de avanzar en el reconocimiento de sus derechos.En coherencia con los planteamientos anteriores, es necesario reflexionar sobre la responsabilidad que el sistema jurídico tiene con respecto a la legislación para las diversas formas de organización familiar, en este caso, para las familias ensambladas. Para esto, resulta importante visibilizar las relaciones generativas que se construyen en esta forma de organización familiar, al igual que los discursos alternativos que permiten fisurar la idea hegemónica de familia nuclear, en discursos y prácticas sociales e institucionales, ya que estos han dificultado la apertura y reconocimiento de otras formas de organización familiar.BibliografíaCherlin, A. J. (2017). Introduction to the Special Collection on Separation, Divorce, Repartnering, and Remarriage around the World. Demographic Research. (37), 1275-1296. Recuperado de: https://www.jstor.org/stable/26332225Coelho Soares L.C.E. (2011). Reflexión Ser Padre, Ser Madre, Ser Padrastro, ser madrastra: aspectos psicológicos y jurídicos. Anuario de Psicología Jurídica, (21), 125-130. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=315026314012Puentes, A. (2014) Las familias ensambladas, un acercamiento desde el derecho de familia. Revista Latinoamericana de estudios de familia, (6), 58 – 82. Recuperado de: http://vip.ucaldas.edu.co/revlatinofamilia/downloads/RLEF_6(Completa).pdfQuintero V. (2006). Familias ensambladas. Aproximaciones histórico-sociales y jurídicas desde una perspectiva construccionista y una mirada contextual. Portularia, 6 (2), 139-149. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=161017317007        Rivas, A. M. (2008). Las nuevas formas de vivir en familia: el caso de las familias reconstituidas. Cuadernos de relaciones laborales, 26 (1), 179-202.

Resumen:

En Colombia, la mayoría de las políticas sociales son políticas de gobierno. Aunque la estructura administrativa del Estado permite que políticas de un gobierno sean adelantadas más adelante por el siguiente, en la práctica ésta permanencia depende más de voluntad política de cada sector que acompaña al respectivo gobierno, que de un plan nacional de alguna élite social, económica o política. Si bien es cierto que en Colombia el Estado ha sido más o menos estable en la implementación de políticas neoliberales, y ha existido una clara tendencia desde la institucionalización del consenso de Washington en la constitución política de 1991 ha profundizar estas políticas neoliberales, esta relativa estabilidad neoliberal se refleja en las decisiones fiscales, monetarias y macroeconómicas, pero no de la misma medida en las políticas sociales, que son bastante inestables y variables. Una estrategia que usa la institucionalidad colombiana para hacer más estable una acción pública que se considera deseable es la de convertirla en Política de Estado. En esta ponencia, la reflexión se hará sobre la implementación de una política de Estado: la llamada De Cero A Siempre cuyo objetivo es el desarrollo integral de la primera infancia. Pero sobre su implementación particularmente en la ciudad de Cali, y particularmente entre los años 2016 y 2019, aunque se propone una reflexión final sobre las decisiones administrativas del siguiente gobierno municipal y su impacto en el seguimiento posterior de esta política en particular. La política de Estado De Cero a Siempre establece un instrumento en particular de seguimiento, llamado Ruta Integral de Atenciones – RIA. La Ruta Integral de Atenciones – RIA, “es la herramienta que contribuye a ordenar la gestión de la atención integral en el territorio de manera articulada, consecuente con la situación de derechos de los niños y las niñas, con la oferta de servicios disponible y con características de las niñas y los niños en sus respectivos contextos. Como herramienta de gestión intersectorial convoca a todos los actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar con presencia, competencias y funciones en el territorio” (Congreso de la República, 2016). La RIA es un instrumento que sirve de referente para orientar a las autoridades territoriales y a los demás actores responsables de la implementación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia – De Cero a Siempre, respecto del conjunto de atenciones en procura de garantizar el pleno desarrollo de cada niña y cada niño. En otras palabras, “la finalidad de la RIA es la de ordenar la gestión de la atención de la Primera Infancia de una forma contextualizada al permitir que se adapte a las realidades de los diferentes contextos y se tengan en cuenta las características de los niños, las niñas y las familias” (Municipio de Santiago de Cali, 2013).La implementación de la RIA, así como de toda la Política de Estado, está orientada desde el nivel nacional y se ha creado la Comisión Intersectorial de Primera Infancia – CIPI, que ha estructurado todo el sistema de atención integral de la primera infancia, compuesto por diferentes conceptos. Es decir, esta política nacional de primera infancia crea una herramienta para su implementación territorial (la RIA) y una institucionalidad para su seguimiento (el CIPI), y a su vez establece unos conceptos y criterios de seguimiento. Según la orientación de la política nacional, cada territorio debe implementar un sistema de monitoreo y generar una institucionalidad que replique los creados a nivel nacional, que garanticen las esperanzas de la política de estado, y que procure armonizar las mediciones e indicadores con todo el territorio nacional. La ciudad de Cali desde el 2016 y hasta el 2019 propuso estrategias según las orientadas por la política de Estado, y ello contribuyó a armonizar las acciones de entidades públicas y privadas, y de diversos órdenes y dependencias de la administración pública, y también a impactar de manera positiva indicadores como la disminución de la mortalidad perinatal, la desnutrición, la lactancia materna, la vacunación, entre otras. También resulta relevante evaluar las limitaciones para la implementación de la política: En los entornos donde hay menos presencia de la institucionalidad estatal relacionada con la atención integral a la primera infancia, son los entornos que más dificultades presentan a la hora de garantizar las atenciones de las niñas, niños y sus familias. Es decir, la garantía de derechos pasa por la posibilidad de intervención estatal, pero la tendencia del neoliberalismo es precisamente la de recortar la influencia del Estado en la sociedad.Las particularidades contractuales de la atención integral dificultan garantizar la calidad de la atención. Es decir, como la contratación es con agentes privados que deben cumplir un proceso de concurso, dichos procesos limitan la continuidad de la atención y generan traumatismos en ella. Otros elementos derivados de la modalidad de contratación como los concernientes a la estabilidad del talento humano, a la gestión documental, a la dotación de equipos e infraestructura, inciden en la prestación del servicio, en las posibilidades de brindar condiciones de calidad, y en las posibilidades de garantizar el seguimiento de la garantía de derechos.El cambio de enfoque político de las administraciones que se eligen cada cuatro años. En el último periodo de gobierno de la ciudad de Cali que inició en el 2020, se cambió todo el talento humano relacionado con esta política, también la metodología de seguimiento, los ejes estratégicos e incluso las formas de nombrar las acciones de la política en sí. Esto es un desafío constante en la administración pública en Colombia: los nuevos gobiernos, sobre todo en lo territorial, cambian radicalmente las orientaciones de la política social, sometiendo a las y los profesionales a incertidumbre constante derivada de la política electoral, pero también a las poblaciones que son atendidas por estas políticas sociales.

Resumen:

A adoção no Brasil, não raras vezes, é compreendida linearmente como uma forma de possibilitar uma família para a criança/adolescente e/ou como meio legal de adultos realizarem o sonho de desempenharem as funções parentais. Contudo, deve-se analisar o fenômeno além da sua aparência, pois ele revela paradoxos produzidos pela sociedade capitalista que colocam em evidência o caráter contraditório que atravessa a adoção, motivo pelo qual deve ser compreendida a partir das várias dimensões culturais, econômicas, sociais e históricas. Se, por um lado, há uma família (adotiva) que concretizará o desejo de adotar, por outro há uma família (de origem) que perderá seu(s) filho(s), majoritariamente devido a desproteção social, manifestando duas faces de uma moeda. A realidade mencionada ganha concretude seja na oferta (ou não), pelo poder executivo, de políticas públicas, na criação (ou não) de leis que se desdobram na proteção das famílias (de origem) e de crianças e adolescentes, na intervenção do poder judiciário, que tem a prerrogativa de decidir sobre a vida das pessoas, dentre elas, as famílias destituídas do poder familiar, adotandos e adotantes. Nesse sentido, reafirma-se a imprescindibilidade da análise da adoção a partir das inúmeras determinações, atores e instituições que a atravessam. Nessa perspectiva que o debate proposto contribui para a discussão acadêmica nas diversas áreas do conhecimento e, dentre elas, do Serviço Social, profissão que lida, direta ou indiretamente, com o fenômeno da adoção. Superar interpretações focalizadas que desconsideram a realidade social, por se concentrarem em alguns aspectos, somente é possível por meio do desenvolvimento de pesquisas que se alicercem em um cuidadoso método. O método histórico dialético se constitui como o método capaz de ultrapassar a singularidade do fenômeno, possibilitando a interpretação totalizante do objeto de estudo, interrogando-o sobre todos os aspectos e ângulos a partir de uma perspectiva crítica que não aceita a realidade como ela é dada, no nível da aparência, mas que considera seu caráter dinâmico, contraditório e heterogêneo, alcançando a totalidade do objeto. Considerando o universo que constitui a adoção, o interesse na investigação científica foi direcionada para os sujeitos que se dispõem a adotar, por se configurarem como importantes personagens desse processo. Cabe ressaltar que essa abordagem considera o todo, ainda que a proposta para essa pesquisa utilize a perspectiva dos adotantes. A pesquisa realizada no âmbito da pós-graduação (Mestrado), com pretendentes inscritos num Juizado da Infância e Juventude, analisa a adoção considerando os aspectos expostos. O estudo parte da ideia de que na sociabilidade em que é disseminado/perseguido um modelo ideal de família, é preciso questionar qual o papel da adoção na sociedade capitalista. Ela tem se configurado como uma forma de resistência para um modelo de família socialmente imposto, ou tem se configurado como uma forma para se alcançá-lo? Na filiação estabelecida pela adoção os pretendentes têm a prerrogativa de escolher o perfil do filho e, não raras vezes, optam por perfis restritos, fazendo com que não haja equação possível que permita que crianças com idades avançadas e adolescentes cresçam e se desenvolvam em família. O que se escancara são relações sociais  ancoradas numa perspectiva mercadorizante. Na processualidade imposta pelo capitalismo, em que são encobertas as dimensões sociais do trabalho, a mercadoria, enquanto célula central para esse modo de produção, ganha caráter misterioso e fetichizado e há uma inversão entre o ser e a coisa, ou seja, há uma relação coisificada entre os seres sociais e o trabalho perde sua dimensão humana. Ao criar o fetichismo da mercadoria, em que as pessoas se veem necessitadas do consumo desta, o capitalismo atribui a ela uma função imprescindível para a sobrevivência humana. Ou seja, os desejos pelas mercadorias aparentam ser uma necessidade humana, como algo inato, que confere ao ser um status e sensação de pertencimento na sociedade e satisfação. Todavia, na realidade, se configura como instrumentos para a produção de mais valor e atende ao interesse do capital. Nesse processo há uma inversão, a mercadoria ganha vida e as relações sociais no processo de produção são ocultadas. No nível aparente e imediato marginaliza/desconsidera os sujeitos produtores, subordinando-o, e ocorre a coisificação das relações sociais e a objetificação do ser social. Considerando as análises expostas, pode-se apontar, primeiramente, o mesmo mecanismo de funcionamento na adoção, assim como ocorre com as mercadorias. O desejo pela maternidade/paternidade também é criado e casais/pessoas solteiras, principalmente com dificuldades de concretizar a filiação através da reprodução biológica, reconhecem na adoção a forma de alcançar o status de pai/mãe, ao mesmo tempo em que se sentem reconhecidos/legitimados como família. Ou seja, a sociabilidade capitalista cria desejos que são materializados na constituição/ampliação da família, na vivência da parentalidade, relacionados a aspectos religiosos, biológicos etc., atribuindo à filiação uma utilidade prática. No processo de objetificação, as crianças/adolescentes disponíveis para adoção se transformam em objeto/mercadorias para o atendimento de determinadas imposições sociais: o casamento, aquisição de bens e renda e o estabelecimento da filiação. Ademais, no nível da aparência, a principal motivação para que pessoas adotem relaciona-se à infertilidade. Dessa forma, adoção aparece como uma alternativa para adequar o pensamento e a ação, ou seja, para alcançar o modelo ideologicamente estabelecido de família, constituindo a adoção como uma alternativa diante da infertilidade. Em segundo lugar, a adoção aparece como uma forma de resolver um problema criado pelo modo de produção e reprodução do capital, qual seja, a oferta de crianças disponíveis para adoção, culpabilizando a família de origem pela falta de condição de ofertar contexto protetivo para seus filhos. Importante sinalizar mais uma contradição verificada no fenômeno da adoção: não são todas as crianças/adolescentes que satisfarão o desejo dos adotantes, pois determinado perfil será preterido, como crianças pequenas, sem problemas de saúde, não pertencentes a grupo de irmãos, preferencialmente do sexo feminino. Por isso que este estudo sustenta a compreensão de que a adoção não parte de um desejo inato dos adotantes, pelo contrário, a oferta de crianças/adolescentes disponíveis para adoção cria a demanda daqueles, evidenciando que a construção sócio-histórica deste fenômeno não está dentro de uma relação causa e efeito.