Resumen:

(-) [Espacio entre párrafos] (-) La presente ponencia pretende exponer los resultados de una investigación empírica desarrollada en el área social de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en Colombia (UAEGRTD). El objetivo principal de la investigación es comprender qué referentes teóricos, normativos y contextuales ha utilizado la entidad para la construcción de enfoques diferenciales; así como realizar un balance de su aplicación e implementación en la etapa administrativa del proceso de restitución de tierras, como una acción afirmativa que busca restablecer los derechos de las víctimas de abandono y/o despojo forzado con ocasión al conflicto armado interno. (-)De manera que, esta investigación surge de ubicar la restitución de derechos, particularmente del derecho a la tierra, como medida preferente de reparación a las víctimas, impulsada por la ley 1448 de 2012 (Ley de víctimas y Restitución de Tierras) en el marco de la Justicia Transicional. Este es un modelo que “(…) hace referencia a los procesos a través de los cuales se realizan transformaciones radicales de un orden social y político, bien sea por el paso de un régimen dictatorial a uno democrático, bien por la finalización de un conflicto armado y la consecución de la paz” (Uprimny, 2006, en: Solórzano, 2020, pág. 25). (-)Así, los sistemas de Justicia Transicional se caracterizan por ser especiales y temporales, tratándose de un contexto de conflicto armado, con el fin de lograr la transición hacia la paz, sin desconocer los principios a la verdad, justicia, reparación, el enfoque pro-víctima, los enfoques diferenciales y el potencial transformador. Este sistema, aplicado al caso colombiano, resulta relevante ya que en el país no ha finalizado el conflicto armado, por lo que estas medidas se proponen como acciones encaminadas a promover su finalización. (-)Según datos del Registro Único de Víctimas (RUV) con fecha de corte del 31 de marzo de 2022, el conflicto armado colombiano ha dejado un saldo de 9’263.824 víctimas, de las cuales 32.812 refieren a los hechos victimizantes de abandono y/o despojo forzado, entendiendo por el primero “la situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento” y por el segundo, “la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia” (Ley 1448, 2011). (-)En concordancia con esta situación, el marco normativo sobre la reparación de las víctimas (cuyos antecedentes se ubican en la ley 975 de 2005) y el contexto actual de continuidad del conflicto armado interno, han promovido diversos debates y cuestionamientos que surgen de la academia y del ejercicio activo de las organizaciones de víctimas: ¿Qué métodos de análisis permiten hacer visibles las formas de discriminación contra aquellos grupos poblacionales considerados diferentes por una mayoría o grupo hegemónico? ¿Cómo promover una atención diferenciada, en vías a la reparación integral, teniendo en cuenta que el conflicto armado ha afectado de manera particular a comunidades e individuos en razón de su identidad de género, orientación sexual, grupo etario, condición de discapacidad y pertenencia a grupos étnicos? ¿Cómo superar las barreras institucionales para la reparación de estas poblaciones? (-)De manera específica, el “enfoque diferencial” es reconocido como un principio rector que “(…) reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se establecen en la presente ley, contarán con dicho enfoque”.  (Ley 1448, 2011, Art. 13) (-)El enfoque diferencial es asumido como un método de análisis y guía para la acción, en la medida en que permite una lectura de la realidad que hace visibles las formas de discriminación contra aquellos grupos o poblaciones considerados diferentes por una mayoría o por un grupo hegemónico, y toma en cuenta dicho análisis, de manera transversal, para brindar una adecuada atención y protección de sus derechos. (-)Teniendo en cuenta los aportes teóricos, académicos y prácticos del Trabajo Social, en lo respectivo a la restitución de los derechos de las víctimas, la reparación integral y la promoción de los enfoques diferenciales, psicosocial y de acción sin daño; resulta relevante comprender qué lugar han ocupado estos enfoques en el proceso de restitución de tierras, así como los aportes y retos del trabajo social en un contexto de violencia política y continuidad del conflicto armado interno, donde la garantía y reivindicación de los derechos de las víctimas son un imperativo ético-político. (-)Para ello, la presente investigación se desarrolla a partir de un análisis documental de fuentes primarias y secundarias. La recolección y análisis de información secundaria se realiza tomando como base las normas jurídicas nacionales referentes a la reparación integral de las víctimas. Los principales insumos son los documentos y guías elaborados por la UAEGRTD sobre la aplicación e implementación de enfoques diferenciales, y la Matriz Ampliada del Módulo de Sujetos de Especial Protección (MMSEP), que hace parte del Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (SRTDAF). (-)Por otra parte, con el fin de complementar la información obtenida en las fuentes documentales, se proyecta la realización de cuatro entrevistas semiestructuradas, realizadas a dos (2) funcionarias del área social de la UAEGRTD, una (1) docente e investigadora de Trabajo Social que se especializa en el tema en cuestión, y una (1) exfuncionaria del área social de la UAEDRTD que actualmente funge como docente del departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia. 

Resumen:

La presente ponencia pretende reflexionar sobre los límites y posibilidades del proyecto profesional del Trabajo Social histórico-crítico (Montaño, 2000) en el marco de la actual coyuntura derivada del estallido social vivido en Colombia a mediados del año 2021. Para tal fin se realiza un análisis de coyuntura que comienza por describir la forma en que se presenta el Estado Colombiano en cabeza del gobierno de Iván Duque, pasando por algunas expresiones de lucha hoy vigentes en el movimiento popular, hasta el estado organizativo actual del colectivo profesional, para finalmente hacer una crítica sobre las posibilidades de acción enmarcadas en la denominada autonomía relativa.En ese sentido, el primer momento retoma las dimensiones nacional y local del contexto. Para el contexto nacional: agudización de las contradicciones de clase derivadas de la victoria del uribismo en las elecciones presidenciales de 2018, crecimiento exponencial de la violencia enmarcada en la persistencia del conflicto social y armado como expresión del modelo neoliberal (Vega, 2006), profundización del neoliberalismo como propuesta oficial de cara a la pandemia por la Covid-19, y una posibilidad latente de triunfo en los próximos meses de un gobierno reformista que posibilite la concreción de un acuerdo de paz que cierre la expresión armada del conflicto que ha sufrido Colombia desde principios del siglo pasado. Posteriormente, para el contexto local: acrecentamiento de la exclusión espacial de los sectores sociales más pauperizados (Barrero; Martinez, 2009), cooptación del narcotráfico a las instituciones, aumento del pauperismo, criminalización del ejercicio político, entre otras manifestaciones de la crisis, que derivan en una mayor exclusión de clase, raza y género como expresión de la cuestión social, que sitúan a la ciudad de Santiago de Cali como epicentro de las protestas con experiencias de relevancia internacional como el caso de Puerto Resistecia. El segundo momento pretende una aproximación al movimiento popular presente en aquellos días. Se busca reconstruir algunos antecedentes de lucha política a partir de la trayectoria de los movimientos sociales y partidos que marcaron la disputa en los últimos diez años (caso de Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y Polo Democrático Alternativo); posteriorme se identificarán algunas características organizativas a partir sus apuestas expresadas en repertorios, consignas y proyecciones, proponiendo una interpretación de su configuración como pista para descifrar los alcances evidenciados en el último año, teniendo como fechas claves los estallidos del 21 de noviembre de 2019 (21N), 8 de septiembre de 2020 (8S) y 28 de abril de 2021 (28A). A partir de lo anterior, se reflexionará sobre la participación de las y los profesionales y estudiantes de Trabajo Social en dichos escenarios, representados en apuestas de agremiación, participación en organizaciones sociales y políticas, como también desde el ejercicio desarticulado que individualmente se desarrolló a partir de tareas específicas en algunos casos por la contingencia vivida a lo largo de aquellos meses. En el tercer momento se propondrán algunas reflexiones desde la perspectiva histórico-crítica, asumiendo que como profesión inscrita en la división sociotécnica del trabajo en el modo de producción capitalista (Guerra, 2003) el Trabajo Social se encuentra en permanente demanda desde diferentes sectores sociales que se disputan sus intereses en el marco de la respuesta al descontento social y los escenarios de movilización y ejercicio político, principalmente desde aquellos que compran su fuerza de trabajo (en el caso colombiano sigue siendo el Estado, tanto de manera directa como a partir de la financiación pública a las ONGs, evidenciando la acción del modelo neoliberal). En ese sentido, se retomará a Montaño (2003) en referencia a la ubicación de la política social como base de sustentación funcional-laboral de la profesión, y por tanto como la instancia privilegiada que crea el espacio de intervención profesional, donde la/el trabajador social son instrumentalizados por ella. Se propondrá pues, que si bien se vienen desplegando toda suerte políticas sociales desde entidades públicas y privadas, la mayoría de estas pretenden mitigar la conflictividad social a partir de asistencialismo (caso comedores comunitarios, programas de estudio bajo subsidio a la demanda, incorporación laboral, etc), sin representar propuestas de garantía efectiva de derechos, lo que apuntaría a un trámite incluso por fuera del proyecto reformista-keynesiano en vigencia en las administraciones de las localidades. Continuando por esa vía, se explorarán las perspectivas de acción bajo la presente coyuntura en el marco de la autonomía relativa del trabajo profesional, con sus posibilidades y limitaciones, teniendo en cuenta que la/el trabajador social no posee todos los medios para la ejecución y por tanto esta debe ser mediada por los intereses de la organización empleadora; en este sentido se retomará a Aquin, Custo y Torres (2012) que plantean que las posibilidades de la autonomía relativa “se encuentran ligadas prioritariamente a la cuestión metodológica e instrumental”, y en este sentido realizarán algunas aproximaciones enmarcadas en la disputa por el posicionamiento de un proyecto ético-político progresista. Para el cuarto y último momento, se propondrá que el mencionado proyecto ético-político progresista que pretende ser partícipe de las transformaciones que se vienen produciendo en los movimientos sociales y políticos en Colombia, debe pasar por incorporar en sus consideraciones algunos aspectos centrales que posibiliten la concreción de acuerdos para la acción, estos serían: 1) avanzar en el reconocimiento de las diversas posturas que se pretenden críticas a partir de la explicitación de sus tensiones, procurando reflexiones desde las contradicciones concretas y evitando supuestos, esto en procura también de contribuir al debate de ideas dentro de los escenarios de participación política; 2) procurar la renovación crítica de la profesión como expresión real de la lucha de clases al interior del mercado del trabajo en la sociedad capitalista y como medio para la concientización popular; y 3) promover el fortalecimiento de las organizaciones al interior del colectivo profesional que sean partícipes permanentes de las disputas que ya se están dando en la calle, pero también que sienten las necesarias discusiones en el campo de la academia.

Resumen:

“La  sindicalización del sector supermercados en Uruguay” (2005-2020).”               “La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido”Milan Kundera.                                                                                         Noelia Gutiérrez Stivan.                                                                                                               Abril 2022.El trabajo que aspiró a presentar en el “XXIII Seminario de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social (ALAEITS)” es mi Trabajo Final de Grado de la Licenciatura en Trabajo Social de la UdelaR, titulado:  “ La sindicalización del sector supermercados en Uruguay en el periodo 2005-2020.” Este puede ser integrado en el eje temático 1: Mundialización, Estados Nacionales y procesos de reforma” del mencionado Seminario ya que se trata de la historia de sujetos colectivos (sindicatos de supermercados) , en Uruguay.A modo de realizar una explicación breve de lo que presente en este Trabajo Final de  Grado, cabe mencionar que lo dividí en cinco capítulos, de forma previa a estos, realice una introducción y la presentación del objeto de estudio con los antecedentes, la fundamentación, los objetivos y el diseño metodológico. El objetivo general que planteé fue el abordaje del surgimiento de los sindicatos de la rama supermercados,  nucleados en la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FUECyS) de Uruguay, en torno al año 2005. Para cumplir con este objetivo realice una reconstrucción histórica en donde sistematice los factores políticos y económicos que dificultaron la sindicalización en el sector supermercados y los factores que posteriormente la propiciaron. Estos factores fueron descritos como factores coyunturales. Asimismo, trabaje con los  factores estructurales del mundo del trabajo que dificultaron y los que propiciaron la sindicalización. Este Trabajo Final de Grado incluyó un aporte al conocimiento tanto con datos cualitativos como con datos cuantitativos, ambos claves en las investigaciones de las Ciencias Sociales. La metodología que incluí fue el análisis de entrevistas en profundidad que permitió una investigación exploratoria acerca de las percepciones de los diferentes actores  sobre las circunstancias en las que se originaron los sindicatos de trabajadores de supermercados, en Uruguay. Además realice un relevamiento, la posterior sistematización de fuentes históricas   (datos tanto cualitativos como cuantitativos)  y el análisis de notas periodísticas sobre el tema.El foco puesto fue puesto en los trabajadores del sector supermercados porque se trata de un sector altamente precarizado y flexibilizado. muy en particular, a partir de los años noventa donde la relación capital-trabajo en Uruguay vivió la profundización de la desregulación laboral, lo que implicó un quiebre en el sistema de reglas de juegos de empresarios y trabajadores. En el trabajo expongo las principales reflexiones alcanzadas y doy permiso a la reflexión para futuras investigaciones sobre el tema.  Las principales conclusiones obtenidas fueron que la sindicalización del sector no fue un proceso fácil, llevó su tiempo y que actualmente es un desafío.   También , concluí que el hecho de que el sector supermercados sea altamente precarizado, donde es notoria la flexibilidad en el trabajo y en donde sus trabajadores son en su mayoría mujeres y jóvenes ha generado dificultades para la conciencia colectiva y con ello la sindicalización en el sector.  Si bien estos son factores estructurales que dificultaron la sindicalización, un conjunto de leyes laborales a partir del 2005 generó que los trabajadores dieran el paso para crear los sindicatos de supermercados. De acuerdo a los relatos, parece ser el factor coyuntural más importante para la generación de los mismos.El fenómeno de entrada de multinacionales al sector es evaluado por la mayoría de los entrevistados como positivo ya que ven la relación del sindicato con la nueva patronal como una relación más afín que la que tenían con las empresas familiares nacionales. Si bien es  innegable que la entrada de multinacionales ha significado cambios en la forma de trabajo, que plantea para los trabajadores y los sindicatos un desafío a trabajar, estas empresas han dejado atrás las relaciones paternalistas que tanto obstaculizaron la sindicalización. A través del análisis de los relatos de los entrevistado, concluyó además, que los diferentes factores, los coyunturales y los estructurales se complementan. Ninguno por sí solo hubiera permitido la sindicalización del sector, es decir, fue el conjunto de factores los que la propiciaron. La conclusión que pude obtener en la parte cuantitativa fue que la tasa de afiliación de algunos sindicatos de supermercados en comparación con la tasa de afiliación de AEBU (Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay) y FOEB (Federación de Obreros y Empleados de la Bebida) , demuestran que el sector supermercados tiene una tasa más baja de afiliación.Concluyó, en pocas palabras que el proceso de sindicalización en el sector supermercados tuvo dificultades claras. Éstas pudieron ser superadas a partir de 2005 gracias a un conjunto de factores.  Si bien esta conclusión está sujeta a la interpretación de quien escribe, este trabajo se llevó a cabo con la intención de ser un aporte académico a todos los interesados en el tema: trabajadores, empresarios, estudiantes y lectores en general. Además, cabe mencionar que con este trabajo busque incentivar a los afiliados de los  sindicatos de supermercados a que sigan reconstruyendo la historia de sus sindicatos y perciban la importancia de realizar  estadísticas sobre sus afiliados, ya que es conociendo a sus integrantes, cómo la organización puede pensarse y crecer no solo en cantidad  de afiliados sino que también en conciencia sindical.Para finalizar es importante decir que partí de la preocupación por elaborar la historia desde abajo y una memoria popular,como lo han hecho varios historiadores uruguayos.  

Resumen:

No ano de 2016, registrou-se um crescimento da letalidade nas regiões Norte e Nordeste, que segundo as análises do Atlas da Violência (2019), possivelmente, decorreu da guerra entre os dois principais grupos de narcotraficantes do país, Primeiro Comando da Capital  e Comando Vermelho. Os fatores que estavam em questão na disputa entre  as facções, eram: a necessidade de expansão dos novos mercados varejistas locais de drogas e a posição estratégica que o Brasil passara a ocupar no que diz respeito à exportação de drogas para África e Europa, da qual umas das rotas principais para a etapa de circulação da mercadoria encontrara seu destino de escoamento pelo Nordeste, em especial, pelo Ceará e Rio Grande do  Norte (IPEA, 2019). Este, entre outros dados, revelam que a guerra às drogas se apresenta como uma questão para debate nacional, sinalizando a necessidade de profundidade nas  análises estruturais deste fenômeno. Isto porque a circulação da mercadoria droga incrementa o arcabouço de violência e repressão estatal através da adoção do discurso hegemônico de base norte-americana denominado proibicionismo militarizado. Porém, associado a outros dados,  como as taxas de homicídio e o Índice de Desenvolvimento Humano, os estados do Nordeste voltam a ganhar destaque, apresentando os piores índices do país. Podemos pensar a questão regional como um elemento de acréscimo aos sentidos da exploração? O que particulariza o Nordeste? O desenvolvimento do Nordeste nas últimas décadas contribuiu para esta região se tornar um ponto estratégico na geopolítica internacional e assim também das drogas? O uso de plantas, folhas, troncos e outros elementos encontrados diretamente na natureza foram na história sendo utilizados para diversas finalidades como alimentação, medicamentos para ferimentos e outras curas, conexões com os deuses, caminhos para elevação espiritual, entre outras possibilidades. Somente com desenvolvimento da ciência e sua capacidade de extrair e separar componentes destes elementos da natureza que ocorreram inovações terapêuticas, químicas e os interesses comerciais em torno de tais substâncias. Brites (2006), inaugura uma discussão importante no seu trabalho ao trazer uma abordagem ontológica como o guia na construção do seu pensamento, pois considera que esta abordagem fundamenta os elementos necessários para a compreensão do ser social e suas necessidades. Entre estas necessidades se encontraria, segundo a autora, o uso de drogas. No caminho construído pela autora, ela aponta as dinâmicas provenientes da reestruturação produtiva como fundamentais para compreender as mudanças que ocorreram no mundo quanto à questão das drogas. Esta reestruturação, acompanhada do seu complemento no sentido ideopolítico neoliberal, provoca alterações no campo do Estado.  Assim como as crises, as guerras são constitutivas e inelimináveis do modo de produção capitalista. Elas também não escapam a necessidade de construção no senso-comum na ideia de inimigo para sua expansão, o que repercute na militarização da vida social e no estado permanente de guerra, que se expressa pelos extermínios e pelo incremento do Estado penal. Denadai (2015) aponta alguns momentos conjunturais brasileiro relevantes quanto a questão das drogas, dentre quais, destaca-se aqui a implantação de Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs), que passaram a ser instauradas no Brasil a partir de 2008 como estratégia para garantir a recepção dos megaeventos, a saber a Copa do Mundo (2014) e os Jogos Olímpios (2016). Apresenta-se como um dos pressupostos a serem lançadas que foi nestas modificações socioespaciais que os grupos faccionados e suas estruturas de comando se disseminaram em território nacional, cuja particularidade de suas expressões se propõe como análise no nordeste brasileiro. Dito isto, indaga-se: a política proibicionista reforça padrões de acumulação? Como a dinâmica da financeirização do capital e o proibicionismo se articulam? Podemos pensar na particularidade nordestina para esta questão? Tendo em vista que a questão das drogas atravessa não só a história brasileira, mas da existência humana e que esta questão passou a ser motivo de atenção dos estados a partir do século XX, observa-se um trilhar de interesses políticos, econômicos, sociais culturais e jurídicos disputados nos seus sentidos, apreensões e consequências quanto a este fenômeno. Com relação a particularidade do proibicionismo no Brasil, pode-se ressaltar seu  aprofundamento a partir dos ditames internacionais, isto porque ainda na passagem para a República, o Brasil já apresentava tendências criminalizantes e proibicionistas quanto aos “vícios”  associados aos negros, o que representava um medo da africanização na modernização do país. No Brasil, a fantasmagoria em torno de drogas juridicamente determinadas como ilícitas somente pode ser pensada a partir do apelo moral do trabalho e do medo, pois com relação as drogas lícitas, o país ocupa destaque, com a maior empresa de comércio de bebidas alcóolicas, sendo também o maior exportador de tabaco do mundo (CARNEIRO, 2018). Isto faz o historiador citado afirmar que a história das drogas é a história de suas regulações, regimes de circulação, dentre outros. Carneiro (2018) tensiona no seu trabalho que algumas das principais mercadorias para acumulação do capital na era do  mercantilismo se deu por meio da rede de tráfico de drogas exóticas. Diante do exposto apontamos como objetivo geral analisar a particularidade da guerra às drogas no nordeste brasileiro. Buscamos construir as bases argumentativas para este objetivo a partir de uma contextualização da política proibicionista como diretriz hegemônica no plano internacional e suas expressões em território nacional, tensionando assim, identificar as conexões entre os ditames internacionais proibicionistas e a guerra às drogas como ferramentas para reprodução e ampliação do capital para, por fim, apreender as particularidades da guerra às drogas no nordeste brasileiro. A pesquisa que se apresenta pretende seguir a abordagem a partir da concepção materialista-histórico dialética, pois somente na articulação da totalidade em que se apresenta o modo de produção é possível tecer as determinações que fundamentam as particularidades de suas expressões. Com relação à pesquisa documental, os dados utilizados foram subsiados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública através do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, dos anos de 2016 a 2020, e os dados produzidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), através do Atlas da Violência, dos anos de 2016 a 2020.

Resumen:

Colombia, uno de los países más desiguales de América Latina y que ha encarnado uno de los conflictos armados internos más largos de la historia, atraviesa hoy una profunda crisis estructural derivada de la historia sociopolítica y económica del país la cual está marcada por años de continuismos políticos que se han desarrollado desde el marco de un modelo de tendencia neoliberal, imprimiendo la violencia como parte inseparable  de la historia, en ella genocidios a causa política, magnicidios y un sin número de conjugaciones de todo tipo de violencias se han desatado a lo largo y ancho del territorio colombiano. Si bien es cierto que existe un marco para un estado Social de Derecho sustentado en la Constitución Política de 1991, este nunca ha funcionado de manera correcta para la protección integral de la garantía de los derechos; la pobreza, la desigualdad, la miseria y la muerte son constantes en la realidad  de la ciudadanía colombiana. Las condiciones sociales en las cuales viven (o mejor “sobreviven”) el grueso de la población son realmente lamentables, con cifras alarmantes como ser el tercer país más desigual del mundo según la ONU[1] o tener un índice de pobreza en el año 2020 por encima del 42,5% en relación a la totalidad de la población según el DANE[2].La pandemia COVID-19 fue la agudización de estas situaciones, las cuales se configuran como forma del sufrimiento humano y este como representación de la cuestión social[3] manifestada en la pobreza económica, develada a través de la disminución de condiciones económicas en especial a los sectores populares, la desmejora en las condiciones laborales y el aumento de la desigualdad, todas manifestaciones propias del sistema imperante encarnado en este país. Anudado a ello, la regularización de la vida en pandemia desde el encierro también agudizó problemas sociales desde la negación de las necesidades humanas en cuanto al desamor y la ignorancia[4]. Configurando así una crisis total estructurada en las esferas políticas, culturales, sociales y económicas. Bajo este panorama, el año 2021 Colombia experimentó uno de los estallidos sociales más fuertes de su historia moderna, lo cual no fue otra cosa que el reclamo a un estado por la garantía de la integralidad de los Derechos, buscando poner un alto a las situaciones de injusticia constantes y repetitivas  prefiguradas por un sistema que las permite pero que además las proyecta. Desde los diversos movimientos sociales y desde la maza social se comenzó a desplegar una estrategia de movilización nacional que puso en tela de juicio a un gobierno neoliberal en cabeza del presidente Iván Duque. Como respuesta estatal, desde un ejercicio de poder autoritario, la protesta social se criminalizó totalmente usado de manera desproporcional la fuerza como forma de dominación y control para mantener el orden, dando lugar a sistemáticos episodios de brutalidad policial. Así, se dispuso a toda la fuerza pública a reprimir la protesta social y de forma mancomunada con los medios de comunicación se colocó a los manifestantes desde un discurso peyorativo como vándalos e incluso como terroristas, lo que permitió legitimar el uso de la represión como forma de mantener el orden social, así se fueron sumando hechos desproporcionados de brutalidad policial tales como violencia homicida, física, sexual, detenciones arbitrarias, desapariciones entre otros[5], registradas por diferentes entidades y denunciadas a viva voz por medio de manifestaciones públicas y redes sociales configurando el escenario del paro nacional.Así pues, el hecho anteriormente mencionado se convirtió en una forma para tejer la solidaridad tanto de manera nacional como internacional, pues el mundo conoció que Colombia, en plena crisis sanitaria, no solo tenía que lidiar con la situación de salud, sino también con el cúmulo de problemas sociales y la violencia de estado. En el marco del trabajo social es necesario y pertinente tomar estos escenarios de lucha social y política no solo como referencia de acción sino como representaciones que aparecen siendo llamado a la praxis desde el levantamiento social como demanda de justicia por parte de los pueblos en pro de la vida digna, así esta ponencia como ejercicio académico, se convierte a su vez en forma de denuncia ante los hechos propiciados por el gobierno de Iván Duque, quien debe responder por los actos desbordados de represión estatal en el marco de un cuestionable estado social de derechos. Para ello se desarrollarán a profundidad de modo secuencial tres epígrafes: la estructura de un estado en crisis, pandemia como sustento de la desigualdad y represión de la protesta social, que permitirán concentrar lo anteriormente expuesto desde un análisis crítico y argumentativo. [1] Organización de las Naciones Unidas, Organismo internacional[2] Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane): entidad encargada de producir y comunicar información estadística oficial para Colombia.[3] Concepto retomado por el trabajo social, abordado en esta ponencia desde los planteamientos del profesor Alfredo Carballeda y la profesora  Margarita Rozas Pagaza.[4] Conceptos planteados desde el profesor Edgar Malagón Bello, expuestos en el libro Fundamentos de Trabajo Social.[5] Según organizaciones como Temblores ONG e INDEPAZ, se registraron más de 1876 hechos de distinto índole, entre ellos 47 asesinatos.