Resumen:

El objetivo de esta ponencia es presentar y discutir algunas características que adquiere la relación asistencial en programas sociales focalizados en la pobreza e indigencia. La discusión es parte de una investigación en curso que se interroga sobre cuál es el espacio para un ejercicio profesional autónomo en la burocracia asistencial, poniendo la mirada en la relación asistencial, entre técnicos/as y beneficiarios/as, que se establece en los programas que atienden a personas en situación de calle del Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay (MIDES). Este proyecto se puede ubicar en lo que Perelmiter (2020) define como la dimensión experiencial de la ciudadanía, es decir, la forma en que los derechos y la autoridad de la ley es experimentada en la vida cotidiana del Estado, o, en lo que Lypsky (1983) denomina burócratas de nivel callejero, aquellos que median entre los programas de gobierno y la población, y que gozan de cierto grado de discrecionalidad en el ejercicio de su función.Una primera aproximación a a una definición de política asistencial se puede realizar a partir de la propuesta por Arias (2012) sobre como se instala un modelo de promoción y asistencia en la Argentina posterior a los años 1960, dónde las prestaciones propiamente dichas se consideran parte de un proceso de promoción social para la transformación de quienes reciben la asistencia. En un trabajo anterior sobre un programa de acompañamiento familiar del MIDES (Zorrilla de San Martín, 2017) las y los técnicos entrevistados daban cuenta de su vigencia en el Uruguay al indicar a las prestaciones sociales disponibles como “la puerta de entrada” para una intervención social promocional. A los efectos de la intervención social, la pobreza no es solo un problema material, también implica un sujeto pobre a transformar.Esta relación asistencial se constituye en un encuadre institucional que la condiciona. La propia focalización en los necesitados de socorro produce efectos de estado (Bourdieu, 2015), es decir, tienen una capacidad performativa de la realidad social adjudicando identidades sociales bien definidas. La disertación sobre el pobre que escribe Simmel (2002) a principio del siglo XX, da cuenta sobre cómo la asistencia en la modernidad implicó reconocer al pobre como simplemente un pobre, convirtiéndolo como un objeto de la acción, sin cualificación positiva. La asistencia, no es un derecho que pueda reclamar el pobre sino una necesidad de la comunidad por su propio interés, de ahí que sus acciones sean mínimas y no más allá de “lo necesario”. Un siglo después, la política asistencial neoliberal mantiene muchas de esas características pero sofisticando su accionar. Se busca la activación de los beneficiarios por medio de intervenciones acotadas en el tiempo (Vecinday & Bentura, 2019), desarrolladas en condiciones precarias sostenidas por una relación afectiva y de cuidado (Rojas, 2018), que ponen su confianza en lo metodológico más allá de la formación y aptitud técnica las y los funcionarios (Rojas, 2019), e incluso obligan al técnico de la intervención en ser garante de la correcta focalización (Dubois, 2020) y lidiar con sus consecuencias (Perelmiter, 2012). Pese a ello y debido a las distancias entre el diseño de los programas y una población muy cambiante como resultado de su vulnerabilidad y necesidad, las y los funcionarios responsables de la intervención cuentan con potestad para desarrollar un trabajo individualizado, adaptado a cada situación (Zorrilla de San Martín, 2017), en dónde la orientación de la intervención varía según el contexto de cada oficina y de sus propias orientaciones normativas (Dubois, 2014), y no por ello dejar de estar colectivamente organizado (Perelmiter, 2020).Bibliogrfafía:Arias, A. J. (2012). Pobreza y modelos de intervención: Aportes para la superación del modelo de asistencia y promoción. Espacio.Bourdieu, P. (2015). Sobre el Estado. Curso en el College de France (1989-1992). Anagrama.Dubois, V. (2014). The State, Legal Rigor, and the Poor: The Daily Practice of Welfare Control. Social Analysis, 58(3). https://doi.org/10.3167/sa.2014.580304Dubois, V. (2020). Cuando las élites políticas transforman la vida de la población precaria: La construcción política del fraude social como problema público en Francia. 16, 16.Lipsky, M. (1983). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. Russell Sage Foundation.Perelmiter, L. (2012). Saber asistir: Técnica, política y sentimientos en la asistencia estatal. Argentina (2003-2008). En S. D. Morresi & Gabriel Vommaro, Saber lo que se hace Expertos y Política en Argentina (pp.135-170) (pp. 135-170). Prometeo-UNGS.Perelmiter, L. (2020). Ley y justicia en la trinchera estatal: Experiencias de inspectores laborales en Buenos Aires. Trabajo y sociedad: Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas, 34, 49-63.Rojas, C. (2018). Afecto y cuidado: Pilar de la política social neoliberal. Polis. Revista Latinoamericana, 49, Article 49. https://journals.openedition.org/polis/14972Rojas, C. (2019). Ayudar a los pobres: Etnografía del Estado social y las prácticas de asistencia. Universidad Alberto Hurtado.Simmel, G. (2002). El pobre. Sequitur.Vecinday, L., & Bentura, P. (2019). Intervenciones sobre la pobreza en el Uruguay progresista: Entre la asistencia y la activación. Udelar. FCS. https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/27963Zorrilla de San Martín, S. (2017). Comentarios al margen: Focalización e intervención social en el Uruguay. El caso de la Oficina de Derivaciones del Ministerio de Desarrollo Social [Maestría en Trabajo Social, Universidad de la República]. https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/10639

Resumen:

COALICIONES DITRIBUTIVAS EN AMÉRICA LATINA, ESTUDIO COMPARADO ARGENTINA, COLOMBIA, URUGUAYLa participación bajo diferentes modalidades y grados de los actores o movimientos sociales (tanto los de dilatada trayectoria histórica como los de reciente conformación) en la definición de las estrategias y prioridades en materia de políticas sociales contribuyeron decisivamente en la reconfiguración de la arquitectura de protección social y subsecuentemente de la propia matriz de bienestar en la dirección de mayor inclusión social y mejor redistribución de la riqueza. La investigación incluyó en la muestra de países a Argentina, Colombia y Uruguay considerando el período 2003 – 2015, en el cual se desarrollaron los cambios en el campo de la protección social. Por otra parte, se consideró a Colombia en la misma etapa histórica como shadow case, por entender que en dicho país se mantuvo la hegemonía de gobiernos conservadores y por tanto no hubo una transformación relevante en la dirección antes consignada y tampoco se constató la conformación de coaliciones pro bienestar. La evidencia en Colombia pone de relieve, no solo el débil y lábil vínculo entre actores políticos, Estado y movimientos sociales, sino y en dirección contraria a los procesos en Argentina y Uruguay, el sistemático cercenamiento de los derechos y la impugnación de las demandas populares. De la contrastación entre los países emergen los matices, diferencias sustantivas y semejanzas relativas a los modos de relacionamiento entre los actores políticos (particularmente en el gobierno) y los actores sociales. Y ello hace a la cuestión democrática, tanto en su desempeño como práctica de convivencia pacífica, como con relación a los modos de tramitación y gestión del conflicto en el marco de regímenes capitalistas. La investigación desarrollada ha permitido informar acerca de la intrincada conexión entre el espacio propiamente de la sociedad civil organizada y el espacio reservado para los decision makers de la política pública. El interés en el estudio comparado reside precisamente en la necesidad de un relevamiento y conocimiento de los mecanismos de interlocución entre la pluralidad de actores en sistemas democrático-liberales y la observancia de sus impactos en la calidad del bienestar de las poblaciones implicadas. Por ello, ingresamos a un terreno insuficientemente explorado y a la vez fundamental, toda vez que intentemos entender, comprender y explicar los clivajes relativos a participación social y bienestar, así como dar cuenta de la permeabilidad de los sistemas políticos respecto a las demandas ciudadanas. Precisamente, esta investigación pretende aportar nuevos elementos o factores significativos para apreciar la relevancia de pactos distributivos, consistentes y duraderos en todo el período examinado. La constatación de coaliciones o alianzas entre partidos políticos, gobiernos y movimientos sociales en Argentina y Uruguay no supone desconocer los vaivenes, contradicciones y tensiones registradas a lo largo de todo el período, y menos aún, pretender que hubieran sido el único o principal vector de matrices de bienestar más inclusivas, desmercantilizadas y equitativas. Debe reconocerse la intervención de otras variables o factores que influyeron significativamente en la reestructuración de las matrices de bienestar: contextos económicos favorables, legados institucionales, sistemas de partidos consolidados y relativamente estables. Precisamente los estudios de Pribble (2015) constituyen aportes significativos para la comprensión de la gestión progresista a partir de “...los legados de las políticas sociales (policy legacies), la competencia electoral y los partidos políticos en la conformación de políticas de bienestar social” (Pribble, 2015:15). Asimismo, la consideración de los niveles del gasto (Huber, Mustillo y Stephens, 2008), de los contextos económicos derivados de la globalización y las variaciones de los mercados internacionales (Rudra, 2008; Brooks, 2009; Dion, 2010), así como de los orígenes de las políticas sociales (Haggard y Kaufman, 2008), han sido todas perspectivas relevantes para explicar las trayectorias de las políticas de protección social. Desde el enfoque asumido en esta investigación y a partir del análisis sistemático y la interpretación de la evidencia empírica se anotarán algunas condiciones que explican las variaciones en términos de calidad, densidad y pertinencia de las políticas sociales, la resultancia de matrices de bienestar más inclusivas y su conexión con aquellas coaliciones socio-políticas distributivas en la gobernanza democrática. De otra parte, la investigación arroja algunas luces –sin ser el principal foco de estudio– acerca de los déficits de las democracias latinoamericanas, asociados a los formatos más tradicionales del clientelismo y cooptación de los movimientos sociales. La construcción y apropiación de “clientelas” por parte de los partidos políticos estuvo estrechamente ligada a la implementación de políticas asistencialistas, toda vez que vastos segmentos sociales expresaron de manera descarnada sus necesidades y demandas más básicas. La creciente incorporación de la voz de los movimientos sociales al espacio definido para la determinación de las intervenciones públicas concernientes a la producción de bienestar, advierte una de las condiciones sustantivas en dirección a disminuir aquellos déficits democráticos. Y esto fue precisamente lo acontecido durante el período de los gobiernos progresistas en Argentina y Uruguay. La linealidad causativa obviamente no resulta en modo alguno, la explicación de las transformaciones de las matrices de bienestar. En otras palabras, no resulta suficiente una apropiada articulación entre actores sociales y actores políticos, traducida en coaliciones distributivas pro bienestar, para dar cuenta, efectivamente de aquellas transformaciones. Sin embargo, aquella es una de las condiciones necesarias. Una de las características compartidas por dos de los países seleccionados (Argentina y Uruguay) ha sido, precisamente, la de incluir de modo más o menos institucionalizado la voz de los actores o movimientos sociales. Coaliciones o alianzas de mayor o menor duración o estabilidad, pactos sociales distributivos y plataformas de negociación han exhibido las posibilidades de obtener legitimidad de políticas y “...algunos estudios han mostrado que, en ciertos regímenes de bienestar y sobre todo en determinados sectores de la política, los actores sociales y la naturaleza de sus relaciones con el gobierno pueden ser un elemento clave para explicar la reforma” (Anderson 2001; Palier 2002a apud Del Pino y Colino 2006: 29). Por su parte, otros aportes desde corrientes teóricas diversas (particularmente la Teoría de los Recursos de Poder), resaltan los recursos disponibles de los actores sociales y la posibilidad de utilizarlos para obtener beneficios o ganancias en la pugna distributiva. 

Resumen:

 En esta ponencia presentamos resultados de una investigación en curso llevada adelante por diversos equipos de investigación de Brasil, Argentina y Uruguay, en el marco del proyecto internacional: “PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA MONETÁRIA FOCALIZADOS E DE RENDA BÁSICA UNIVERSAL NO CONTEXTO DA PANDEMIA E DA PÓS-PANDEMIA DA COVID-19: acompanhamento e análise da realidade na América Latina e Caribe”, aprobado y financiado por el Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), de Brasil.En el estudio, continuidad de una investigación previa internacional también con foco en América Latina y el Caribe, surge con claridad que los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) emergen en la segunda mitad de la década del noventa del siglo XX, en un contexto de agudización de la crisis y conflictividad social en América Latina, con procesos claros de erosión de los derechos sociales y aumento de la desocupación, extensión de las condiciones precarias de trabajo, profundización de la desigualdad y crecimiento e intensificación de la pobreza. Es en este marco socio-histórico que cobran relevancia los PTMC, institucionalizándose en el repertorio de políticas sociales en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, con “población destinataria” en el contingente creciente de desocupados y pobres. En esta ponencia nos centramos en el contexto de intensificación de la crisis por la pandemia de covid-19 durante el 2020-21. Observamos las respuestas de los Estados frente a la profundización de las desigualdades sociales, y el lugar de los PTM en la situación de crisis.En el marco del proyecto internacional se ha llevado a cabo un mapeamiento de las propuestas y programas de transferencias monetarias preexistentes a la pandemia y también de los distintos programas encaminados a atender las consecuencias sociales y económicas derivadas del Covid-19 en la población objetivo de estos programas, compuesta en su mayoría por personas desempleadas, personas que han perdido los ingresos necesarios para su subsistencia; trabajadores informales, que viven de trabajos inestables, con salarios bajos y sin protección social. Los resultados parciales obtenidos en las indagaciones en proceso, indican un aumento de los programas de transferencias monetarias focalizadas y la creación de programas de emergencia, acotados temporalmente para hacer frente a las consecuencias de las caídas de los ingresos de los hogares en el contexto de la pandemia de Covid-19. Observamos en el contexto pandémico, las medidas de emergencia desplegadas en diversas experiencias latinoamericanas: Argentina, Ecuador, México y Chile. Indagamos las dimensiones argumentativas y materiales de las propuestas: objetivos, sujetos a los que se dirige, requisitos, estructura institucional, montos de las transferencias, procesos de selectividad, alcances y limitaciones. En el procedimiento metodológico, se consideran fuentes bibliográficas y documentales; uso de datos secundarios; acceso a sitios web oficiales y documentos de organismos internacionales.  

Resumen:

Con la puesta en marcha de la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a inicios del presente siglo (Naciones Unidas, 2000), la reducción de la pobreza extrema se incluyó como uno de los 8 ODM y pasó a ocupar un lugar destacado en la agenda internacional. En 2015, al terminar el periodo marcado para su cumplimiento, atendiendo al informe de Naciones Unidas (2015b), la meta de reducir a más de la mitad el porcentaje de personas en pobreza extrema en el mundo (aquellas que vivían con menos de 1,25 dólares al día) fue alcanzada; sin embargo, el problema de la pobreza estaba lejos de ser erradicado. Por ello, antes de terminar la vigencia de los ODM, se empieza a trabajar en la construcción de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la cual fue aprobada en 2015 en la Asamblea General de Naciones Unidas y tiene vigencia hasta 2030. Entre los 17 ODS, la pobreza vuelve a ocupar un lugar destacado, y esta vez el objetivo no está solo centrado en la pobreza extrema (como en los ODM), sino “poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”. En este contexto, las desigualdades y los cambios sociales, políticos, económicos y ambientales en los últimos años han profundizado en ciertas regiones la escasez de recursos y servicios para las poblaciones, desencadenando múltiples contextos de pobreza. Así, la pobreza no sólo está presente en la agenda internacional y de varios organismos internacionales como uno de los mayores retos de las tres primeras décadas de este siglo, sino que también es uno de los problemas más urgentes que los gobiernos de muchos países tienen que hacer frente a través de políticas que cada vez tienen que atender diversas causas de pobreza.  Si bien hubo un descenso en los últimos años de la población en situaciones de pobreza, aún hay altos índices de contextos de escasez. Según datos del Banco Mundial, en 2000 había cerca de 1.700 millones de personas viviendo con 1,90$US al día ($US 2011 en PPA), es decir, en situación de pobreza extrema; en 2015, esta cifra había descendido a alrededor de 742 millones de personas, y para 2017 había caído a cerca de 700 millones. Considerando la línea de pobreza de 3,20$US al día, en 2000 había más de 3.000 millones de personas en situación de pobreza; en 2015 eran 1.947 millones, y en 2017 eran 1.827 millones. Para el caso de América Latina y el Caribe, según datos de la CEPAL, la población en situación de pobreza rondaba los 233 millones de personas (44,1% del total de la población), mientras que el número de personas en extrema pobreza rondaba los 65 millones (12,2% de la población total). Para 2010, las cifras se habían reducido a 187 millones de personas en situación de pobreza (31,6% del total de la población) y a 51,5 millones de personas en pobreza extrema (8,7% del total de la población). Sin embargo, la senda de empeoramiento iniciada en 2015 se consolidaba para 2020: el número de personas pobres aumentó a 216 millones (33%) y el número de personas en pobreza extrema aumentó a 86 millones (13,1%). El análisis de la pobreza ha pasado desde una perspectiva centrada principalmente en la falta de recursos económicos a una perspectiva multidimensional, incidiendo en que las causas de la pobreza pueden ser de naturaleza diversa y, a su vez, las políticas y acciones para abordarla deben ir mas allá de la falta de recursos económicos. Sobre esta base, la presente comunicación tiene como objetivo analizar objetivo de este trabajo es analizar los cambios en los estudios sobre la pobreza a partir de una revisión sistemática de los artículos publicados en revistas iberoamericanas de Ciencias Sociales indizadas en el catálogo Scopus, durante el periodo de 2000 a 2020. Para analizar los cambios que ha habido en los estudios sobre pobreza y su conceptualización en Iberoamérica, se adopta un enfoque de revisión sistemática de la literatura. Este es un enfoque cualitativo que permite analizar una gran cantidad de estudios y mapearlos a partir de ciertas categorías. Adopta un enfoque sistemático para abordar la literatura que busca limitar el sesgo del lado del autor que, de lo contrario, podría influir en las revisiones (Petticrew and Roberts, 2006; Ammann y Kool, 2021). Se parte de la hipótesis de que los estudios han avanzado en la consideración de la pobreza desde perspectivas más amplias, más heterogéneas y multidimensionales, tal como ha evolucionado el propio concepto de pobreza, desde una visión más económica a una visión más multidimensional. Algunos resultados muestran cómo se ha incrementado el interés y la producción académica sobre el tema de la pobreza desde el 2010 hasta la fecha, siendo los estudios de caso de Argentina, Colombia, Brasil y México los más recurrentes. La mayoría de la producción publicada responde a la presentación de resultados de investigaciones empíricas y desde un enfoque cuantitativo.