Antecedentes La ponencia denominada: saberes campesinos de acción que aportan a la vivencia de culturas de paz en Colombia en medio del colapso parcial del Estado, surge a partir de un proceso de sistematización de experiencias[1] que inicia en el año 2016 a través de la investigación denominada “Sujetos de Reparación Colectiva y Construcción de Territorios de Paz en el marco de la Ley 1448”[2]. La experiencia mencionada con anterioridad inspiró el continuar la sistematización a través de la tesis doctoral “Saberes campesinos que forjan territorios de paz en medio del colapso parcial del Estado en Colombia. Memoria colectiva en las veredas Hinche Alto e Hinche Bajo del municipio de La Palma – Cundinamarca a través de las voces de campesinas y campesinos que tejen paz”[3]. Renacer de un pueblo campesino que a través de sus saberes que aportan a vivir culturas de paz en Colombia La guerra[4] histórica que ha vivenciado Colombia desde tiempos de la colonia hasta la actualidad, ha estado permeada por diferentes fuerzas en tensión que han puesto en medio del fuego cruzado a la población civil. Uno de los ejes alrededor de los cuales la guerra se ha configurado con mayor fuerza, ha estado vinculado a la tenencia de la tierra, especialmente en territorios habitados por población indígena, afrocolombiana y campesina. En este caso en específico, la experiencia de sistematización se circunscribe en el departamento[5] de Cundinamarca en el municipio de La Palma, en las Veredas[6] Hinche Alto e Hinche Bajo, a 150 Kilómetros al noroeste de la ciudad de Bogotá. Es una comunidad campesina que pervive a través de los cultivos de café (variedad Santa Isabel), de la caña de azúcar, de los diversos usos que hacen de la palma de iraca y del fruto que de ella emerge: la nacuma. Estos frutos de la tierra son propios del clima tropical seco que prevalece en la región. Esta población ha sido afectada por diferentes influencias: desde la década de los ochenta del siglo XX hasta el 2005 por las Autodefensas Unidas de Colombia (paramilitares), y por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP, quienes por el acuerdo de paz de La Habana en 2016 dejan las armas). Adicional, la población campesina también fue hostigada por el Ejército Nacional entre el 2000 y el 2005, así como de manera sistemática por “las relaciones entre narcotráfico, actores armados organizados no estatales y estatales, e impactos humanitarios, que han sido marcadas desde finales de los 70 hasta el presente” (Defensoría del Pueblo, 2018, p. 30). Lo anterior refleja el colapso parcial del Estado, en el sentido de que mientras algunos aparatos estatales (por ejemplo, la burocracia, la tecnocracia, la administración y los órganos de representación política) mantienen cierta coherencia y capacidad de acción, otros cruciales aparatos del Estado se han vuelto incapaces de cumplir sus funciones y prestar los servicios para los que han sido diseñados (entre ellos, los casos más notables son la seguridad y la justicia), o se han desfigurado totalmente con respecto a sus funciones constitucionales (por ejemplo, las Fuerzas Armadas). (Bejarano y Pizarro, 2010, p. 388) En medio del contexto presentado con anterioridad, las campesinas y campesinos de las Veredas Hinche Alto e Hinche Bajo a partir de sus saberes de acción que “tienen en cuenta el contexto, en oposición al conocimiento científico que tiene vocación de generalización explicativa. Los saberes están al servicio de las particularidades y confieren a sus productoresuna fuerte identidad social” (Mosquera, 2005, p. 266). Desde allí, resisten y renacen como población campesina que aporta a las culturas de paz en Colombia al “asumir que la solidaridad y la confianza son el pegamento social que une a las comunidades” (Corporación Otra Escuela, 2015, p. 29) en medio del abandono del Estado, como sostiene una de las mujeres campesinas del territorio: Hemos tejido vida con la unión, con el diálogo, todas las personas, así como ve nos reunimos, hacen una reunión, allá vamos todos. Nos hacen un taller con mucho gusto lo hacemos, nos brindan una ayuda con mucho gusto la recibimos y tenemos que cumplir con lo que nos dan. No esperar a que todo nos llueva del cielo, trabajar, a seguir adelante y trabajar porque si no estamos así (manos cruzadas) todos los días, toca es trabajar. (Entrevista Grupal a mujeres campesinas, junio 01 de 2018) Referencias Bejarano, A. y Pizarro,E. (2010). Colombia: el colapso parcialdel Estado y la emergencia de los “protoestados”. En El Estado en Colombia (pp.381-412). Colombia: Universidad de los Andes.CONETS. (2018). Sujetos de Reparación Colectiva y construcción de territorios de paz en el marco de la Ley 1448 del 2011. (Proyecto de Investigación). Entrevista Grupal 9 [En Persona]. (2018). La Palma, Cundinamarca.Corporación Otra Escuela (2015). Guía Metodológica para la Sistematización de Experiencias Constructoras de Culturas de Paz. Bogotá: Ediciones Ántropodos Ltda. Mosquera. C. (2005). Universidad Nacional de Colombia: Palimpsestvs. [1] Tipo de investigación basada en los planteamientos del libro: “La Sistematización como investigación interpretativa crítica” (2017) de Disney Barragán Cordero y de Alfonso Torres Carrillo.[2] Investigación desarrollada por Convenio interinstitucional del Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social (CONETS).[3] Tesis doctoral en curso. Doctorado en Estudios Internacionales en Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat Jaume I.[4] La categoría de guerra se basa en los postulados de la Comisión de la Verdad.[5] La división política de Colombia se define en 32 departamentos.[6] “división territorial de carácter administrativo en el área rural de los municipios, establecida mediante acuerdo municipal. Se concibe como una agrupación comunitaria de base territorial y principal espacio de sociabilidad, caracterizada por el predominio de las relaciones vecinales”. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018, 13).
#216 |
Atenção à Pessoa idosa e à Pessoa com deficiência em tempos de Pandemia da Covid-19
Andréia Aparecida Reis de Carvalho Liporoni1
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Erika Leite Ramos de Luzia
2
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Lais Caroline Neves
3
1 - Universidade Estadual Paulista - Unesp Franca.2 - Universidade Estadual Paulista - Unesp/Franca.3 - Universidade Estadual Paulista.
O presente estudo expõe as implicações da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas políticas sociais e principalmente na Política de Assistência Social, com o olhar voltado para as pessoas idosas e as pessoas com deficiência. O interesse em pesquisar essa temática surgiu a partir da atuação profissional no cotidiano da Política de Assistência Social, iniciada em 2007 até os dias atuais. Desde março de 2020, o Brasil sofre com os efeitos perversos da pandemia do CoronaVirus Disease (Covid-19), os quais acarretaram um grande número de óbitos e contaminações, sem contar as consequências acirradas pela crise do capital num contexto hegemônico do neoliberalismo e do capitalismo financeirizado. Isso levou a uma profunda recessão econômica com o aumento do desemprego e da desigualdade social global (SALVADOR, 2020). De acordo com o Painel da Covid-19, do Ministério da Saúde, em 1º de abril de 2022 o Brasil possuía aproximadamente 30 milhões de brasileiros contaminados pelo novo coronavírus, entre os quais constam 28.550.311 pacientes curados, 643.074 pacientes em acompanhamento e 659 mil óbitos confirmados, registrando assim uma taxa de mortalidade equivalente a 313,6 pessoas a cada 100 mil habitantes e uma taxa de letalidade de 2,2%.Em termos mundiais, o Brasil é um país extremamente populoso, o quinto em densidade populacional, com mais de 214 milhões de habitantes. Em relação ao cenário pandêmico, seus índices são elevados tanto do ponto de vista da mortalidade quanto da letalidade da doença. Ocupa na escala mundial o terceiro lugar em número de pessoas contaminadas pelo coronavírus (precedido pelos Estados Unidos e pela Índia) e ocupa a segunda posição no ranking de mortes (superado pelos Estados Unidos).O Brasil apresenta estes dados, mas observa-se que milhares de mortes poderiam ter sido evitadas com aplicação de medidas governamentais assertivas. Pois, o Estado brasileiro, representado pelo presidente Jair Bolsonaro, apostou na minimização dos riscos da Covid-19 como uma estratégia bem definida para alcançar a “imunidade de rebanho”.Preocupado com o andamento da economia, o governo brasileiro intensificou as ações de ajuste fiscal, desvinculando receitas do Fundo Público para resgatar o capital. “O fundo público envolve a capacidade que o Estado tem de mobilizar recursos, principalmente tributos, para realizar intervenções em políticas públicas, englobando as políticas econômicas e sociais, o que permite alterar ou conservar a realidade socioeconômica do país” (SALVADOR, 2020, p. 2).Antes mesmo da pandemia, o Brasil já vivenciava um processo de contrarreformas do Estado, com a retirada de direitos humanos, sociais, trabalhistas e previdenciários, além disso o precário financiamento do sistema protetivo refletiu intensamente na oferta dos serviços públicos. O contraponto está no aumento da demanda causada pela Covid-19 e na redução da participação do Estado na prestação dos serviços públicos, pois ao submeter a política social aos ditames do capital, o Estado corta gastos públicos com programas sociais, privatiza a execução dos serviços e caminha na contramão da universalidade das políticas sociais (LUZIA; LIPORONI, 2020)A Política de Assistência Social, que já vinha sendo tratada pelo Estado como uma “política de cobertor curto”, passou a ser um grande alvo do Estado durante o auge da pandemia da Covid-19. Com o aumento demasiado das rubricas orçamentárias, o governo federal, a partir do viés neoliberal, alterou o financiamento da Assistência Social e passou grande parte dos recursos outrora destinada ao custeio dos serviços socioassistenciais para garantir o pagamento do “auxílio emergencial”, com vistas à distribuição da renda e à manutenção do capitalismo em “cenário de guerra”.No contexto da Covid-19 todos os serviços da Assistência Social sofreram alterações quanto ao horário de funcionamento, formato das ações (presenciais e remotas), equipes reduzidas, pois muitos funcionários eram do grupo de risco. Houve muitas adequações na rotina dos serviços em observância aos protocolos sanitários, a fim de evitar a contaminação pelo vírus e preservar vidas humanas.Sem atendimento diário, os idosos, as pessoas com deficiência e os familiares ficaram desolados e sem condições para suprir as principais necessidades diárias; estas incluem desde alimentação, higiene, atividades da vida diária, terapia ocupacional, fisioterapia, orientações corretas sobre o funcionamento dos serviços públicos no contexto da pandemia, até apoio quanto aos tratamentos de saúde ‒ medicações, consultas médicas, exames.A suspensão dos serviços de atenção diária e a paralisação de ações do SUAS, dos serviços públicos essenciais e das instituições do Sistema de Garantia de direitos promoveram o rompimento de vínculos com os usuários, ocasionando um aumento da desproteção social.No início do ano de 2022 os serviços do SUAS voltaram os atendimentos de forma bem gradativa, a cautela foi necessária porque tanto os idosos quanto as pessoas com deficiência se caracterizam como público prioritário e foram impedidos de frequentar (presencialmente) os serviços por um longo período. Graças à vacinação e à ciência, o retorno das atividades está se dando de forma positiva, reacendendo a esperança em milhares de brasileiros.Para alcançar a finalidade almejada, realizamos a pesquisa bibliográfica, que deu embasamento teórico para a análise do objeto de estudo. Assim, foram consultados livros, artigos científicos, dados da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos (SMDH), da Auditoria Cidadã da Dívida, do Ministério da Saúde (Painel Covid-19), tendo como base de análise dos dados o materialismo histórico-dialético, pois este método permite apreender a essência do objeto, para além da aparência imediata dos fenômenos.Por fim, concluímos que as consequências da pandemia na vida dos idosos e das pessoas com deficiência são visíveis. A maioria dessa população teve suas condições de vida agravadas pelas vicissitudes, pela morte, pelo luto e pelo aumento da miséria e das disparidades sociais, além de ser considerada improdutiva e inútil à lógica da produção capitalista, vista como “desviante” do padrão da normalidade e segregada da sociedade.
#141 |
"Papel Picado". Un análisis sobre los programas políticos en materia de discapacidad.
Creo necesario comenzar este trabajo planteándome la primera pregunta que me hice al encarar a esta propuesta; ¿Qué lugar ocupan los apartados sobre las propuestas en torno a la discapacidad? Para responder, me tomé el atrevimiento de descargar los cinco programas y contar las veces en las que la palabra discapacidad se repetía en cada uno de ellos. En este sentido, el Frente Amplio utiliza la palabra discapacidad en 90 ocasiones, quedando como el que más la retoma; por otro lado, se encuentra el Partido Independiente como el que menos la utiliza, con una sola vez en sus propuestas, a lo cual se suma la falta de propuestas/apartado específico. Por otro lado, generalmente el apartado de discapacidad, se encuentra en el capítulo de inclusión social, donde se destacan las políticas de género, vejeces, diversidad, familia, entre otras. Se puede interpretar esta posición de dos maneras: primero. como un logro al momento de pensar que al día de hoy existen corrientes políticas que no consideran necesario incluir un apartado que trate específicamente de las políticas de discapacidad; o que es suficiente con propuestas que legislen sobre lo ya escrito y darse por cumplido en eso. Pero también, puede interpretarse como una profundización de la brecha entre “lo normal” y lo que se encuentra fuera de ese parámetro agudizando lo que tanto debería evitarse. En esta línea, Garzón (2014) resalta la importancia de la investigación como manera de generar planteos que alejen a las Políticas Públicas de la idea de inclusión y distinción. Sino que se acerquen a la convivencia y el reconocimiento. Un claro ejemplo es la referencia a las personas en situación de discapacidad como “personas discapacitadas” esto determina una relación mantenida y el lugar ocupado por laspersonas a las que hacen referencia. El discurso y los términos construyen realidades, estereotipos y contextos para poder delimitar la acción de políticas sectoriales. A esto podemos sumar la puntualización de la ONU: “El Comité observa con preocupación que se mantengan en la legislación, las políticas y los programas públicos, disposiciones sobre los derechos de las personas con discapacidad y terminología peyorativa que no están armonizadas con el modelo de discapacidad basado en los derechos humanos establecido en la Convención.”(PRONADIS, 2016, pp. 3- 4) En un sistema capitalista neoliberal definir claramente las poblaciones beneficiarias de las Políticas Públicas es fundamental. Esto deviene en una puja entre los distintos colectivos sociales fragmentados, para lograr acceder a los ámbitos de atención de las élites políticas que van a encajar las piezas programáticas y prioritarias en el puzle de su administración. Si bien podemos pensar que la focalización tiene su cara amable, como por ejemplo intervenir en las inequidades distributivas (Adelantado y Sherer, 2008) del sistema; por otro lado, generalmente, somete a la inseguridad de las medidas de las que dependen vidas y núcleos familiares completos, que quedan en manos del poder político que las entiende como prioritarias o no. La ciudadanía y el poder ejercerla pasa a estar bajo el poder y responsabilidad de la presión que puedan ejercer grupos específicos organizados (Adelantado y Sherer, 2008). El modelo neoliberal de sistema que nos encuentra inmersos, tiene como principal objetivo mantener sanas, salvas y sin disturbios a las condiciones materiales y regulatorias de acumulación (Adelantado y Sherer, 2008). Esto nos lleva a pensar en un enfoque muy común de las políticas en discapacidad, las cuales giran excesivamente en torno al ámbito clínico y de salud de esta población. Denotando así su concepción de la persona como alguien anómalo que no puede cumplir con las determinantes productivas del capital. Alejando el foco del pleno goce de los derechos y acercándose a la plena necesidad de la asistencia, del cuidado y la dependencia (Cuenca Gomez, 2011). Bajo esta misma línea, podemos referirnos al formato de presentación de todos los programas políticos. Varios de ellos plantean el desafío de la accesibilidad de las personas en situación de discapacidad, inclusive el Partido Nacional propone el dotar de textos en brailes a las bibliotecas. En este caso, ninguno de los programas presenta otra presentación más que la escrita, dejando de lado la recomendación extendida por la ONU de: “El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias para asegurar la aplicación de la normativa relevante y que transmita, en modos, medios y formatos de comunicación accesibles, toda información pública destinada a la población en general, particularmente la referida a procesos nacionales y la relativa a situaciones de emergencia y/o desastres naturales.” (PRONADIS, 2016, p.14) ¿Cómo podemos intentar plantear cambios posicionándonos desde una lógica centrada en el capacitismo? ¿Cómo podemos nombrar a una persona como sujetos de derechos si desde el inicio no la trato como tal? Las políticas sociales como tales, deben ser las pioneras a la hora de allanar el camino para que las personas en situación de discapacidad puedan gozar de sus derechos. Tomando el principio de humanidad como rector de sus acciones y la concreción de medidas positivas que garanticen la igualdad de sus habitantes(de Asis, 2011). BIBLIOGRAFÍA ● Adelantado, J. Sherer, E.(2008). Desigualdades, democracias y políticas sociales focalizadas en América Latina. Revista chilena de Administración Pública. ISSN: 0717-6759. pp 117-134.● Caballero, I (2013). “Introducción. Cuestiones básicas del enfoque interseccional desde el sector de la discapacidad” en Peláez Narváez, A.; Vilarino, P. (direc.) La transversalidad de género en las políticas públicas de discapacidad - Manual. pp. 15 - 39. Disponible en https://consaludmental.org/publicaciones/Transversalidadgeneropoliticaspublicasdiscapacidad.pdf● Cuenca Gómez, P (2011) “Derechos humanos y modelos de tratamiento de la discapacidad”, Papeles El Tiempo de los Derechos, Número 3, Año 2011. Consultar: https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19335/derechos_cuenca_PTD_2011.pdf?sequence=1● de Asis, Rafael (2011)“El modelo social de la discapacidad. Críticas y éxito”. Papeles el tiempo de los derechos. Número: 1, ISSN: 1989-8797. Consulta: https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/19304● Garzón, K. (2014) “Políticas Públicas y Discapacidad” en Discapacidad y Política Pública: una apuesta política desde el discurso de niños y niñas, Tesis Doctoral en Ciencias Sociales, Universidad de Colombia, Colombia. pp. 45 - 59. Disponible en:http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-umz/20150306112820/KarinGarzondiaz.pdf● PRONADIS. (2016). “Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Observaciones finales sobre el informe inicial del Uruguay”. Montevideo. Disponible en:http://pronadis.mides.gub.uy/innovaportal/file/32232/1/observaciones-finales-sobre-el-informe-inicial-del-uruguay.pdf . Fecha de consulta: 29/11/2021.● Partido Nacional (2019). Programa de gobierno 2020-2025. Montevideo, Agosto 2019. Disponible en: https://lacallepou.uy/descargas/programa-de-gobierno.pdf.Fecha de consulta: 29/11/2021. FUENTES CONSULTADAS● El Observador (2020) Mides fusionará Pronadis y Sistema de Cuidados en marco de reestructura. Montevideo. Disponible en:https://www.elobservador.com.uy/nota/mides-fusionara-pronadis-y-sistema-de-cuidados-en-marco-de-reestructura-2020630193132. Fecha de consulta: 29/04/2022.● Frente Amplio (2019) Bases programáticas 2020-2025. Montevideo. Disponible en:https://frenteamplio.uy/noticias/12-noticias/902-nuestro-programa Fecha de consulta:29/04/2022.● La Diaria (2019) ¿Cuáles son las principales propuestas programáticas de los partidos políticos en discapacidad?. Montevideo, Octubre de 2019. Disponible en:https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/10/cuales-son-las-principales-propuestas-programaticas-de-los-partidos-politicos-en-discapacidad/● Partido Colorado. (2019). Un pequeño país modelo. Programa de gobierno 2020-2025. Montevideo. Disponible en:https://partidocolorado.uy/un-pequen%CC%83o-pais-modelo-programa-de-gobierno-2020-2025/. Fecha de consulta: 29/04/2022.● Partido Independiente (2019). El cambio hacia adelante. Programa de gobierno 2020-2020 . Montevideo. Disponible en:https://partidoindependiente.uy/programa-de-gobierno-20-25-descargalo-aca/. Fechade consulta 29/04/2022.
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Desafios impostos pela pandemia do Covid-19 no trabalho socioeducativo com adolescentes privados de liberdade
Amanda Lorena Leite1
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Rafael Gonçalves dos Santos
1
1 - Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" (UNESP).
O artigo tem como objetivo realizar uma reflexão a respeito dos principais desafios enfrentados pelos Centros Socioeducativos de Internação para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no contexto da pandemia do COVID-19 no estado de Minas Gerais, Brasil. Além de um estudo teórico, é também empírico por se tratar de um relato de experiência enquanto gestora da equipe técnica de um centro de internação provisória no interior do estado no momento de maior taxa de disseminação do coronavírus no Brasil. Tem como orientação teórico-metodológica a perspectiva crítica-dialética, em que busca analisar a totalidade complexa do objeto de reflexão, como o contexto social, político, cultural e econômico, contudo sem a pretensão e possibilidade de esgotamento. No primeiro momento, este trabalho buscará situar o objeto de análise na conjuntura política, cultural, socioeconômica e histórica em que está inserido, a partir de três categorias marxistas fundamentais, que são: a totalidade, a contradição e a historicidade. Sabe-se que todo o trabalho socioeducativo é preconizado pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e deve ser pautado e ter como norte a garantia de direitos previstos na Constituição Federal de 1988 e no art. 4º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, a qual dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a saber: os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Entretanto, a concepção e construção de um trabalho nas medidas socioeducativas dentro da Doutrina da Proteção Integral apontada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente ainda é muito recente no tempo histórico e enfrenta diversos desafios na sua concretização e rompimento com uma condução na execução da política pública que ainda apresenta alguns aspectos da Doutrina da Situação Irregular prevista no antigo Código de Menores. Esses desafios se agudizaram em escala exponencial no contexto pandêmico neoliberal, exigindo dos gestores da política, das unidades e dos trabalhadores constante reconstrução do trabalho em busca da garantia dos direitos fundamentais dos adolescentes privados de liberdade, ao mesmo tempo em que é necessário assegurar a saúde dos jovens acautelados, tendo em vista o isolamento/distanciamento social como recomendação dos órgãos competentes de saúde para proteção contra o vírus, para além dos hábitos de higiene e uso de máscaras, dando início, portanto, ao isolamento dentro do isolamento. No segundo momento, buscará pontuar alguns desafios principais enfrentados no cotidiano de trabalho para a garantia dos direitos dos acautelados e apresentar as estratégias adotadas pela equipe interdisciplinar para tentar amenizar os efeitos negativos da pandemia dentro do centro socioeducativo. Tem-se como exemplos: a suspensão das visitas familiares e entrada de parceiros externos na unidade, atingindo diretamente o direito à convivência familiar e comunitária, em que a realização de videochamadas foram utilizadas como estratégia para tornar a distância um pouco menos penosa e manter o vínculo familiar; o isolamento de adolescentes com sintomas gripais ou com COVID, os quais não podiam participar das atividades coletivas e, por este motivo, exigia um desdobramento das equipes técnica e de segurança para o planejamento e realização de atividades individuais e seguras para que os jovens ficassem o menor tempo possível dentro dos alojamentos, levando a uma intensificação do trabalho. No terceiro momento, serão abordadas as condições de trabalho dentro do Centro Socioeducativo, o qual não possui uma estrutura física adequada, apresentando grande limitação de espaço para a efetivação do distanciamento social desejável dentro das salas e espaços comuns dos trabalhadores, sendo este um dos fatores que contribuiu em muito para a disseminação do vírus entre funcionários, resultando em sucessivos afastamentos, fator que também afetou a garantia do atendimento aos adolescentes, uma vez que não havia trabalhadores suficientes da segurança para bancar mais de uma atividade ao mesmo tempo ou até mesmo pessoal para executar determinada oficina ou atendimento individual conforme planejado, tornando necessária a reconstrução cotidiana do trabalho visando garantir os direitos dos adolescentes. Como estratégia para tentar barrar a disseminação do vírus, foram distribuídas máscaras N95/PFF2; realizados inúmeras intervenções educativas pela equipe de saúde para reafirmar a importância dos cuidados necessários, sobretudo uso de máscaras e higienização constante das mãos; implementada a metodologia de trabalho de revezamento entre homeoffice e trabalho presencial entre membros da equipe técnica e equipe administrativa; higienização dos ambientes; barreira sanitária para adentrar à unidade; sensibilização para vacinação e oferta de vacina dentro do Centro, entre outras medidas. Contudo, todos os esforços se esbarravam e continuam se esbarrando em ideologias que não estão de acordo com a ciência e que são legitimadas pelo próprio presidente da república e outros tantos governantes, com isso, também são apresentadas muitas manifestações de negação da pandemia e de sua seriedade, exigindo esforços ainda maiores de conscientização e sensibilização para seguir todas as orientações sanitárias para combate do vírus. Ademais, o cenário contemporâneo tem sido marcado por uma longa jornada de luta e de resistência à ofensiva neoliberal ultraradical do século XXI, cujas determinações contraditórias tendem a se intensificar no cenário contemporâneo, influenciada por uma gestão genocida, pelo Estado da morte e pela necropolítica no contexto de pandemia do COVID-19. Destarte, observa-se que tais impactos refletem diretamente sob as condições de vida da juventude e das suas famílias, principalmente da juventude periférica, que tem como destino a privação de liberdade, uma vez que os interesses do mercado são colocados acima de vidas humanas.
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A psiquiatrização de adolescentes considerados/as autores/as de ato infracional no Brasil: aportes para o debate
Ana Clara Gomes Picolli1
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Maria Liduina de Oliveira e Silva
1
Este resumo é um estudo teórico, que parte de reflexões geradas no projeto de pesquisa de mestrado e objetiva discorrer sobre os crescentes processos de psiquiatrização de adolescentes considerados autores/as de ato infracional no Brasil. É a partir da década de 80, no Brasil, que crianças e adolescentes foram considerados/as sujeitos de direitos, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, que garantiu-lhes proteção integral e orientaram as novas políticas e ações destinadas a esse público. Com relação a adolescentes acusados/as de cometer ato infracional – conduta descrita como crime/contravenção penal – o ECA prevê uma série de medidas protetivas e socioeducativas, a serem aplicadas conforme as circunstâncias e gravidade do ato e a capacidade do/a adolescente em cumpri-la. As medidas socioeducativas podem ser cumpridas em meio aberto ou fechado, sendo, esta última, sob a forma de internação e deve respeitar o caráter de brevidade e excepcionalidade. Os objetivos das medidas vão para além da responsabilização e desaprovação da conduta, pois também intencionam a integração social do/a adolescente e a garantia de seus direitos, concorde sua condição de pessoa em desenvolvimento. A inserção de crianças e adolescentes na agenda de saúde mental é recente, data de 2001, com a promulgação da Lei 10.216 que forneceu bases para a institucionalização da Reforma Psiquiátrica brasileira, e, também, a realização da III Conferência Brasileira de Saúde Mental que, de maneira inédita, priorizou a discussão da saúde mental de crianças e adolescentes, convocando o Estado a se responsabilizar por esses cuidados. Especificamente em relação a adolescentes que cumprem medida socioeducativa, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) traz que o cuidado em saúde mental ofertado a adolescentes que se encontram em internação deverá estar alinhado ao que dispõe a Lei nº 10.216. Dois anos depois, em 2014, a Portaria nº 1.082 que redefine a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, em Regime de Internação e Internação Provisória (PNAISARI) estabelece que o cuidado em saúde mental de adolescentes que cumprem medida de internação ocorrerá em articulação com serviços do território e inclui nesta política adolescentes em cumprimento de medidas em meio aberto. O último Levantamento Anual do SINASE, referente a dados de 2017, não traz informações sobre a atenção a saúde mental de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, o que dificulta a apreensão da efetividade das garantias previstas na legislação. O Levantamento mostra que, nesse período, 143.316 adolescentes respondiam por ato infracional no Brasil. Destes, 26.109 encontravam-se incluídos no sistema socioeducativo. Desde o ano de 2013 o estado de São Paulo lidera com o maior número de internações de adolescentes, correspondendo a 34,5% da média nacional. O Levantamento aponta que a maioria desses/as adolescentes são jovens negros, pertencentes a famílias monoparentais femininas e que, em média, possuem renda menor que um salário mínimo. Esses dados são alarmantes e, além de revelarem a grande quantidade de adolescentes que respondem judicialmente por ato infracional, demonstram o perfil de jovem que é penalizado, indicando o que a literatura e movimentos sociais apontam como criminalização da pobreza e da adolescência, principalmente a adolescência negra. Através da literatura é possível verificar o crescente processo de psiquiatrização de jovens que respondem por ato infracional no Brasil, sendo cada vez mais através do campo da justiça a inserção de adolescentes nos serviços de saúde mental. Nesse sentido, o sistema de justiça parece desempenhar um papel contraditório, pois, se por um lado se coloca como via de acesso para adolescentes aos serviços de saúde, muitas vezes é utilizado como punição, devido ao caráter compulsório e a possibilidade de os encaminhamentos servirem como um recurso que auxilia na disciplinarização e controle de jovens, como também na imposição de tratamento àqueles/as que fazem uso de substâncias. Pesquisas apontam para um crescente uso do aparato “psi” na gestão dos conflitos e problematizações impostos pela juventude ao campo social. A psicologização da vida social é própria da ordem monopólica do capital, dando ensejo a reprodução de uma lógica que transfigura os problemas sociais enquanto problemas pessoais, em um processo de individualização. Estudos revelam que adolescentes interpretados como mais “antissociais” são os mais respeitados, tanto por adolescentes como por trabalhadores/as de unidades socioeducativas, sobrevivendo melhor a situação de internação. A prevalência de transtornos psiquiátricos em adolescentes internados/as em unidades socioeducativas é maior que a esperada para a população geral com a mesma idade. Pesquisas apontam como adolescentes do gênero feminino tendem a ter mais diagnósticos e a ser mais medicalizadas durante a internação, em alguns estados do país, a proporção de adolescentes medicalizadas por questões de saúde mental chegou a 90%. Atravessados/as por questões étnico-raciais, de gênero, sexualidade e exploração de classe social, esses/as jovens e suas famílias tendem a se tornar alvos da criminalização, violência e desproteção social por parte do Estado e muitas vezes precisam lidar com o sofrimento produzido no decorrer de suas experiências de vida. Este sofrimento, posto socialmente, é denominado por Basaglia (1979) de sofrimento da sobrevivência. Passos (2020) acrescenta que, a desumanização provocada pelas relações racistas à população negra promove o sofrimento da sobrevivência, fazendo com que negros/as reconheçam apenas a dor do racismo, ficando presos/as à experiência do sofrimento de sobrevivência e tendo que criar mecanismos para lidar com o racismo e a colonialidade que historicamente os mantêm na zona do “não ser”. A psiquiatrização de adolescentes considerados/as autores/as de ato infracional desvela a tendência à patologização de setores pobres da juventude brasileira, ao encobrir como doença mental processos sociais que discriminam a pobreza e revelam o desinvestimento da sociedade para como eles/as.ReferênciasBASAGLIA, Franco. A psiquiatria alternativa: contra o pessimismo da razão, o otimismo da prática. São Paulo: Brasil Debates, 1979.PASSOS, Rachel Gouveia. “Crimes da paz”: as expressões do racismo na saúde mental da população negra. In: MAGNO; GOUVEIA (Org.) Direitos humanos, saúde mental e racismo: diálogos à luz do pensamento de Frantz Fanon. Rio de Janeiro: Defensoria Pública do Rio de Janeiro, 2020, p. 72-84.